Tegucigalpa. Hace un año, militares de Honduras sacaron al presidente a punta de rifle de su casa en la madrugada, en una escena que ya se creía olvidada en América Latina.

Los partidarios del golpe contra el derrocado presidente Manuel Zelaya resistieron presiones internacionales para restituirlo y realizaron elecciones, pero el gobierno nacido de los comicios camina débil y no logra cerrar las heridas engendradas por el golpe.

El presidente Porfirio Lobo, un hacendado siempre sonriente, ha tratado sin éxito de acercar a sectores que participaron o respaldaron el golpe como políticos, empresarios y militares, y a grupos izquierdistas partidarios de Zelaya.

Pero los "zelayistas" no lo reconocen como mandatario, mientras su líder está exiliado en República Dominicana. Y los sectores conservadores lo miran con el ceño fruncido por hacer concesiones a los zelayistas, como apoyar la instauración de su Frente Nacional de Resistencia Popular como partido político.

Tratando de ser conciliador, Lobo se ha ofrecido para llevar personalmente de vuelta a Zelaya y así garantizar que enfrente en libertad juicios por traición a la patria, abuso de autoridad y malversación de fondos, entre otros cargos.

Zelaya se niega y dice que quienes quieren juzgarlo participaron en el golpe en su contra, ocurrido el mismo día en que planeaba hacer una consulta popular, que según sus críticos habría allanado el camino a la reelección presidencial.

"El gobierno del presidente Porfirio Lobo necesita ser fortalecido, tiene una tarea difícil pues se deberían discutir reformas políticas e institucionales importantes para democratizar Honduras", dijo a Reuters un diplomático de un país centroamericano que pidió el anonimato. "Los (dos) sectores, que tienen ambos poder de movilización mantienen posiciones irreductibles y dogmáticas", agregó.

Respaldado por Estados Unidos, Lobo ha logrado romper el aislamiento de Honduras y recuperar ayuda financiera internacional vital para la economía, que quedó destrozada por la crisis política.

La sombra del golpe. Sin embargo, el país aún está suspendido de la Organización de Estados Americanos (OEA) y una mayoría de naciones sudamericanas no reconoce su gobierno.

Los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guyana, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, y Venezuela- ponen como condición para reconocer a Lobo el regreso de Zelaya sin cargos en su contra.

En medio de críticas, Lobo dijo que había sectores amenazando su Gobierno con un nuevo golpe, pero no fue claro.

"Tenemos todo bien seriado, los tengo ubicaditos a todos. Se quiénes son, tengo toda la información. Al que quieren fregar es al presidente de la República", dijo Lobo, poco antes de partir al Mundial de fútbol en Sudáfrica. Pero analistas y diplomáticos creen que no hay posibilidades de un nuevo golpe de Estado en Honduras.

"No hay peligro de un golpe, Estados Unidos apoya a Lobo y no permitiría que ocurriese porque el golpe contra Zelaya le generó un fuerte costo político en América Latina", dijo el sociólogo Osmán López.

Otro motivo que desalienta un golpe es que Lobo nombró a militares que participaron en el derrocamiento de Zelaya al frente de la empresa de telecomunicaciones Hondutel, en Migraciones y Aeronáutica Civil, entre otros, opinó López.

"No hay ninguna posibilidad de un golpe", dijo una diplomática europea que pidió el anonimato.Pero la polarización política en Honduras persiste, mientras se agrava el clima de inseguridad con frecuentes asesinatos colectivos del crimen organizado, como los violentos cárteles mexicanos de la droga, que encuentran un terreno fértil en Honduras por la debilidad institucional, la corrupción del sistema de justicia y sus cuerpos de seguridad.

"El gobierno de Porfirio Lobo no sólo es débil, si no que es un presidente acosado", dijo el sociólogo Eugenio Sosa. "No es fácil caminar en un escenario de cúpulas militares, empresariales y políticas golpistas, la incomprensión de la izquierda y la violencia que generan los cárteles de la droga", agregó.

En las calles de Tegucigalpa, Natanael Cartagena recuerda cómo perdió su trabajo a raíz del golpe porque la constructora donde trabajaba despidió personal. "Desde entonces no consigo empleo fijo", sostuvo.