El miedo acerca del crimen de inmigración ilegal ha ayudado a impulsar la aprobación de la estricta nueva ley de Arizona, la cual criminaliza estar presente en el estado sin documentos legales. Como la ley misma, esos miedos están basados más en una percepción que en la realidad.

Uno de los senadores del estado, Russell Pearce, el principal promotor de la ley, muchas veces recita nombres de las recientes víctimas de crímenes supuestamente cometidos en el estado por inmigrantes ilegales, incluyendo el asesinato de un ranchero popular en marzo. Los crímenes relacionados con las drogas tales como el secuestro están supuestamente aumentando en Phoenix, acarreando el respaldo público para la ley.

Un gran problema en el debate de Arizona es que las percepciones acerca de los inmigrantes y la delincuencia no encajan con los datos más básicos. Después de años de presenciar un aumento en el número de inmigrantes ilegales en su estado, la gente de Arizona tienen en realidad menos probabilidades de ser víctimas de la delincuencia que en cualquier momento en las últimas cuatro décadas.

De acuerdo a las cifras más recientes del Departamento de Justicia de EE.UU., la tasa de crímenes violentos en Arizona en 2008 fue la más baja que este estado ha tenido desde 1971; la tasa de crímenes contra la propiedad cayó a su punto más bajo desde 1966.

En la última década, conforme los inmigrantes ilegales fueron atraídos en números récord debido al boom de vivienda, la tasa de crímenes violentos en Phoenix y en el estado entero cayó en más de 20%, una caída más marcada que aquella que se dio en la tasa de crímenes de EE.UU.

Arizona sufre de delincuencia, pero no está fuera de proporción para ser una gran ciudad. Comparada con otras ciudades metropolitanas de tamaño similar, tales como Boston, Dallas, Detroit, San Francisco y Washington, D.C., Phoenix tuvo la tasa de crímenes más baja en 2008. En Detroit, ciudad que no es conocida por ser un imán para los inmigrantes ilegales hispanos, la tasa fue tres veces mayor a la de Phoenix.

La historia es similar en las comunidades a lo largo de la larga frontera de Arizona con México. Las tasas de crimen son estables y, si algo se distingue, es que son más bajas que en el resto del estado.

De acuerdo a un reportaje en el diario Arizona Republic este mes, el asistente del jefe de la policía en Nogales, Roy Bermudez, “sacude su cabeza y sonríe cuando escucha que los políticos y comentadores declaran que la violencia de los carteles mexicanos está llegando a los pueblos de la frontera de Arizona. ‘No hemos, gracias a Dios, experimentado un esparcimiento de la violencia de México’, dijo el oficial Bermudez de manera enfática. ‘Usted puede ver las estadísticas de crímenes. Creo que Nogales, Arizona, es uno de los lugares más seguros para vivir en todo EE.UU”.

Respecto del atrevido asesinato del ranchero Richard Krentz en marzo, el diario Arizona Republic reportó que “de acuerdo al Control Fronterizo, Krentz es el único estadounidense asesinado por un supuesto inmigrante ilegal en al menos una década dentro del sector de Tucson, la ruta de tráfico más utilizada dentro de las nueve regiones cubiertas a lo largo de la frontera de EE.UU. con México”.

Más cerca a casa, la escalada del control de la inmigración ilegal en el condado de Prince William, en el norte de Virginia, también fue justificado por el miedo al crimen. El Washington Examiner colaboró con las percepciones equivocadas en una reportaje del 29 de abril cuando reportó que como la escalada del control empezó en otoño de 2007, “el condado ha entregado más de 2.000 sospechosos de inmigración ilegal al gobierno federal, y la delincuencia el año pasado llegó a un punto bajo al que no se llegaba desde hace 15 años”.

Por supuesto que eso no significa que la escalada del control necesariamente condujo a la reducción de la delincuencia. A nivel nacional, la tasa de crímenes ha caído en más de 30% en los últimos 15 años. El crimen ha caído a una tasa similar en el condado Fairfax que es más amigable con los inmigrantes.

Los inmigrantes legales e ilegales sí cometen crímenes, pero a unas tasas que generalmente son más bajas que sus contrapartes nativos, de acuerdo a la información del Buró de Censos de EE.UU. La gran mayoría de inmigrantes que entran a EE.UU., legalmente e ilegalmente, vienen acá a trabajar y ahorrar para mantener a sus familias. Una vez que están dentro del país, quieren evitar problemas y no poner en riesgo su oportunidad de ganar un ingreso en nuestra economía que es relativamente libre y abierta.

La frustración detrás de la ley de Arizona es comprensible. Los políticos se niegan a reformar nuestras leyes de inmigración, de tal manera que haga la inmigración legal más disponible y atractiva para los trabajadores con poca preparación, en relación a la inmigración ilegal.

Sin una verdadera reforma, la escalada del control solamente conducirá más a los trabajadores ilegales hacia el mercado laboral negro; aumentará la tarifa que cobran los traficantes de inmigrantes y desplazará los recursos de la policía nacional para la detección de verdaderos criminales, los que de verdad amenazan la seguridad pública.

Esta columna fue publicada con anterioridad por el centro de estudios públicos ElCato.org.