Bogotá. El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, dijo el martes que las denuncias de espionaje a magistrados, opositores y periodistas constituyen un plan para desprestigiar a su gobierno justo en plena campaña electoral, a la vez que negó su responsabilidad en el escándalo.

Aunque Uribe quedó inhabilitado para ser candidato y buscar su segunda reelección inmediata después de que un tribunal declaró ilegal un referendo que buscaba abrirle el camino, el popular mandatario es partidario de que un dirigente oficialista sea elegido y dé continuidad a sus políticas.

El tema de las interceptaciones ilegales y seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, líderes de la oposición y periodistas se reactivó después de que la Fiscalía General ordenó la captura de cinco antiguos funcionarios de la cuestionada central de inteligencia comprometidos en el caso.

"Este gobierno no las ordena (las interceptaciones), este gobierno no ordena nada ilegal", dijo Uribe en declaraciones a una radio local.

"¡Como coincide esto con el proceso electoral! Este gobierno es un gobierno honrado (...) el gobierno es frentero", agregó.

Uribe recordó que dos llamadas suyas fueron interceptadas y divulgadas por medios de comunicación sin que hasta el momento se conozca quien lo ordenó y con qué propósito.

El mandatario, quien entregará el poder el próximo 7 de agosto poniendo fin a ocho años de gobierno, defendió la gestión de tres funcionarios cercanos a su despacho implicados en el escándalo y los calificó como personas limpias.

El presidente pidió a las autoridades investigar y establecer quién fue el autor intelectual de las interceptaciones y su posterior filtración a los medios de comunicación con el propósito de afectar a su gobierno.

Empresa criminal. En medio de la reactivación del escándalo, el magistrado César Valencia Copete, una de las personas blanco de las interceptaciones, acusó al gobierno de lo sucedido.

"Era un empresa criminal cuya dirección estaba en la Casa de Nariño", dijo Valencia.

El candidato presidencial del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, quien también fue objeto de las interceptaciones y seguimientos responsabilizó directamente a Uribe y a funcionarios de la Casa de Nariño, la sede de la Presidencia de Colombia.

Petro anunció que interpondrá una demanda penal contra Uribe como responsable político con el argumento de que la central de inteligencia que hizo las interceptaciones depende directamente del mandatario.

"Eso da hasta risa, es el gobierno que más garantías le ha dado a la oposición radical, llevan ocho años diciendo lo que quieren en Colombia, maltratando la honra de la gente y rodeados de todas las garantías y a mi me queda la conciencia tranquila", respondió Uribe, quien se convirtió en el más importante aliado de Estados Unidos en América Latina.

Uribe anunció que está dispuesto a acudir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que tiene la obligación de investigarlo.

Los colombianos acudirán a las urnas el próximo 30 de mayo para elegir el sucesor de Uribe.

El ex ministro de Defensa y candidato del oficialista Partido de la U, Juan Manuel Santos, lidera las encuestas de intención de voto. En la última semana ascendió al segundo lugar el ex alcalde de Bogotá y aspirante por el Partido Verde, Antanas Mockus, por encima de Noemí Sanín del Partido Conservador.