Bogotá. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, propuso este jueves una legislación que otorgue garantías procesales a los efectivos de las Fuerzas Armadas, un día después de que una jueza condenó a 30 años de prisión a un militar retirado por la desaparición de 11 personas.

El mandatario exigió una justicia imparcial y oportuna para los integrantes de las Fuerzas Armadas y aseguró que no pueden ser objeto de maltrato para desviar los crímenes del terrorismo a lo largo de la historia.

La jueza María Stella Jara condenó este miércoles a 30 años de cárcel al coronel Alfonso Plazas Vega por la desaparición de un grupo de personas durante la recuperación de un edificio asaltado por guerrilleros en 1985.

"El Gobierno invita a los órganos del Estado y a todos los colombianos a pensar en una legislación que rodee de garantías a las Fuerzas Armadas, en el marco de su debida eficacia y absoluto respeto a los Derechos Humanos", dijo Uribe en una alocución por radio y televisión.

La sentencia contra Plazas Vega, como responsable del delito de desaparición forzada agravada, fue la primera después del asalto al Palacio de Justicia de Bogotá por parte de la desmovilizada guerrilla del M-19, hace más de 24 años.

Actualmente, los efectivos de las Fuerzas Armadas son procesados por la Fiscalía General y la justicia ordinaria, y no por tribunales militares como se hacía hasta hace unos años.

El mandatario exigió una justicia imparcial y oportuna para los integrantes de las Fuerzas Armadas.

"Una nueva legislación debe ser rigurosa en la exigencia de probar el dolo para asignar responsabilidad a coautores mediatos tanto por acción como por omisión; también como elemento esencial del concierto para delinquir", explicó el mandatario rodeado por su ministro de Defensa y la cúpula militar.

Uribe aseguró que la sentencia condenatoria al coronel retirado Plazas Vega genera profundo dolor y desestimulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargados de dar seguridad a los colombianos y de combatir la guerrilla izquierdista y el narcotráfico.

El oficial retirado dirigió la operación para recuperar el Palacio de Justicia después de la toma de la guerrilla, en noviembre de 1985, acciones que dejaron casi un centenar de muertos, algunos carbonizados por el incendio que consumió la edificación.

La Fiscalía demostró a la jueza que varias personas que salieron con vida del Palacio de Justicia fueron trasladadas a un batallón del Ejército en el norte de Bogotá, por orden de Plazas, y luego desaparecieron.