Con la educación al borde del paro, la seguridad pública haciendo agua por todos lados y pacientes que esperan por una cirugía que no llega, el gobierno arrancó los días posteriores a Semana Santa –que en la liturgia uruguaya es como arrancar el año– chapoteando y esquivando cuestionamientos por asuntos originados hace 40 años.

Cuando aún no se apagan los ecos por la anulación de la ley de Caducidad en el Senado –se viene ahora la instancia de Diputados–, los ministros de Defensa e Interior se revolvieron el martes como pudieron en el Parlamento, donde fueron interpelados por un video que hasta ahora solo el presidente José Mujica parece haber visto, en donde unos encapuchados vestidos de militares amenazan a magistrados por los procesamientos de ex represores.

Durante la interpelación a los ministros del Interior, Eduardo Bonomi y de Defensa, Luis Rosadilla, algunos legisladores dieron cuenta de lo empantanado que está el debate político.

El senador blanco Luis Alberto Heber lamentó “perder tanto tiempo” con estos temas, y su colega frenteamplista, Ernesto Agazzi, dijo que la interpelación no tenía sentido y que “este tema no concita interés en la mayoría de la población”.

Rosadilla señaló a su vez que toda esta discusión “no ayuda a combatir la pobreza”, la que calificó como “el enorme desafío” que tiene el país por delante.

Pero oposición y oficialismo debatieron durante seis horas sobre el video, en una instancia donde se aludió al extinto senador frenteamplista Enrique Erro, al bioquímico chileno secuestrado y asesinado en Uruguay, Eugenio Berríos, y al arsenal que tenía Raúl Feldman cuando enfrentó a la Policía y terminó quitándose la vida, según el parte policial de entonces.

El gobierno atraviesa un momento de gran vulnerabilidad, según señalan analistas políticos.

Blancos y colorados acusan al oficialismo de violar la Constitución y desconocer el pronunciamiento de la ciudadanía en reiteración real (1989 y 2009), algo de lo que Mujica será cómplice –señalan– si promulga con su firma el proyecto de ley que presentó el Frente Amplio (FA) para eliminar la ley de Caducidad.

La iniciativa ya tiene media sanción del Senado y terminará de aprobarse a fines de mayo en Diputados, según resolvió el martes la coalición de izquierda.

A la presión de la oposición se sumaron militares retirados y hasta un legislador del oficialismo, como el senador Jorge Saravia, que también le reclamó a Mujica que vete la ley en cuanto llegue a su despacho. Esto le costó a Saravia una denuncia ante el Tribunal de Conducta Política del FA que, si se lo propone, puede llegar a expulsarlo del partido de gobierno.

Esta baja se sumaría a la de Eleuterio Fernández Huidobro, hombre del riñón de Mujica que renunció al Senado por estar en contra de la anulación de la ley Caducidad, aunque antes de irse levantó la mano y votó el proyecto.

Pero Mujica dijo una y mil veces que no vetará la ley, lo que, para el analista político Adolfo Garcé, tendrá importantes costos políticos para el presidente.

“Todo indica que, haga lo que haga, el liderazgo presidencial terminará saliendo malherido. Si contra todos los pronósticos optara por usar el poder de veto, tendría un gravísimo enfrentamiento con su propio partido. Probablemente la gobernabilidad quedaría seriamente comprometida por el resto de su mandato. Si en cambio optara por no vetar la ley, una parte muy importante de la ciudadanía decodificaría esta actitud como una señal de debilidad”, sostiene Garcé.

Por todo este lío la oposición advierte que el presidente perdió credibilidad y, para peor, el martes prácticamente blancos y colorados le retiraron la confianza a dos de sus principales ministros.

Rosadilla incluso evaluó renunciar por las mismas diferencias que expresó Fernández Huidobro con la eliminación de la Caducidad, ambos del mismo sector, la CAP Libertad.

La oposición señala que el FA se metió solo en todo este enredo sobre el pasado y advierte que los costos políticos a futuro serán altos. Por lo pronto, Mujica ya pagó con la renuncia de Fernández Huidobro y la casi exclusión de Saravia, lo que evidencia divisiones internas muy profundas en el oficialismo.

Además le será muy difícil al FA, dicen blancos y colorados, volver a convocar a la ciudadanía a un referéndum o plebiscito.

El presidente quedó rehén de estas diferencias internas y, sobre todo, de los grupos minoritarios que no se conforman con lo hecho.