Montevideo. La gobernante izquierda uruguaya presentará al Congreso un proyecto de ley para eliminar efectos de una norma que impide juzgar a militares por crímenes en dictadura y que permitirá reabrir investigaciones por desaparecidos, dijo este martes un senador oficialista.

La iniciativa coincide con un inminente fallo de una corte internacional de derechos humanos sobre el secuestro y asesinato en Uruguay de la nuera del escritor argentino Juan Gelman, María Claudia García, en 1976.

Las exclusiones de la norma permitieron a la Justicia investigar, encarcelar y condenar a militares y civiles por crímenes ocurridos en la dictadura.

En el país sudamericano, la denominada "ley de caducidad" limita las investigaciones de la Justicia sobre crímenes ocurridos durante el duro régimen que gobernó al país entre 1973 y 1985, período en que desaparecieron unos 200 uruguayos.

"El artículo tercero (del proyecto de ley) prevé que se reabran casos y que no se pueda invocar la validez de la 'ley de caducidad' para impedir ese juzgamiento", dijo a Reuters el senador oficialista Oscar López Goldaracena.

La nueva norma deberá ser aprobada por el Congreso donde la izquierda tiene mayoría.

Uruguay enfrenta una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de María Claudia García Iruretagoyena, quien durante su cautiverio dio a luz a una bebé que fue ubicada en Montevideo recién en el 2000. El tribunal entregaría su fallo a principios de octubre, según el senador.

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el país es responsable por la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por falta de investigación en los hechos, juzgamiento y sanción de los responsables, debido a la ley que impide las pesquisas.

"Indudablemente si esta ley se aprueba, Uruguay se va a estar poniendo en línea con la normativa internacional. Si esa ley no se aprueba corresponde que Uruguay sea condenado", agregó López Goldaracena.

El Gobierno del socialista Tabaré Vázquez (2005-2010) y el del actual mandatario, el ex guerrillero José Mujica, habilitaron investigaciones por desapariciones que comenzaron con secuestros en la vecina Argentina o antes del golpe de Estado.

Las exclusiones de la norma permitieron a la Justicia investigar, encarcelar y condenar a militares y civiles por crímenes ocurridos en la dictadura.

La ley fue ratificada en un referendo en 1989 y un intento de anulación fracasó en las urnas en 2009.

Sin embargo, también en el 2009, la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional, aunque la resolución del organismo se aplica sólo al caso por el que fue consultado.

Goldaracena comentó que el proyecto de ley podría ser aprobado en octubre.