Montevideo. La justicia uruguaya condenó a 20 años de prisión a un ex canciller, que ejerció su cargo durante parte de la dictadura militar (1973-1985), por su participación en el asesinato de una joven maestra en 1976.

Juan Carlos Blanco asumió como canciller en 1972 durante el gobierno del mandatario Juan María Bordaberry, quien dio un golpe de Estado al año siguiente, y se mantuvo en el puesto durante parte del duro régimen.

Blanco fue condenado como "coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado a la pena de 20 años de penitenciaría", dijo la sentencia divulgada el miércoles.

El ex canciller estaba acusado por la desaparición de Elena Quinteros, una maestra de 30 años que según el fallo pertenecía a la Federación Anarquista del Uruguay.

Blanco, quien se encuentra encarcelado desde el 2006 por otros crímenes de la dictadura, ya había estado en prisión en el 2002 por la investigación del mismo caso.

Quinteros fue secuestrada por militares en los jardines de la embajada de Venezuela en Montevideo, donde se había refugiado tras escapar de las fuerzas de seguridad que la tenían detenida.

El episodio llevó a una ruptura de relaciones entre Uruguay y Venezuela hasta el final de la dictadura en 1985.

Según la sentencia, los militares optaron por retener a Quinteros, y Blanco se encargó de ocultar toda la maniobra.

"Blanco no tuvo el dominio del hecho de lo que le ocurrió a Quinteros porque no ordenó el secuestro ni la tortura ni la muerte (...) pero colaboró causalmente para el montaje, la justificación y la funcionalidad del aparato que mató a Quinteros", dijo la Justicia en el fallo.

"Legalmente desde el ángulo del código penal uruguayo es coautor porque determinó a otros a cometer el delito", agregó la sentencia.

Bordaberry, por su parte, fue condenado en febrero a 20 años de prisión por crímenes contra los derechos humanos y permanece bajo arresto domiciliario por enfermedad.

Además, una decena de ex militares y policías se encuentran en prisión por homicidios y desapariciones durante la dictadura.

Si bien en Uruguay rige una ley que bloquea investigaciones sobre hechos ocurridos durante el período militar, algunos casos fueron excluidos de la norma ya que comenzaron con secuestros en la vecina Argentina o los acusados son civiles.

Casi 200 uruguayos desaparecieron durante la dictadura, en su mayoría en Argentina, donde se habían refugiado de la represión contra militantes de izquierda.