Montevideo. La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró inconstitucional una ley que limita las investigaciones sobre crímenes ocurridos durante la última dictadura militar, mientras el país debate sobre un proyecto para anular los efectos de la polémica norma.

El fallo del máximo órgano de la Justicia local es únicamente aplicable para una investigación sobre el destino de unas 20 personas detenidas, torturadas y asesinadas luego del duro régimen que comenzó en 1973 y se extendió hasta 1985.

La denominada ley de caducidad, de 1986 y que obliga a la justicia a consultar al Poder Ejecutivo antes de investigar los hechos, había sido declarada inconstitucional también a fines del año pasado para otro caso de asesinato de 1974.

La resolución de la Suprema Corte se produce en momentos en que se discute un proyecto de ley de la izquierda oficialista para anular los efectos de la norma.

El nuevo proyecto fue aprobado por los diputados días atrás, pero su futuro es incierto ya que entre los senadores del sector gobernante hay legisladores que la resisten aduciendo pronunciamientos populares que la mantuvieron.

La ley de caducidad fue ratificada por la ciudadanía en un referendo en 1989 y un intento por anularla fracasó en las urnas en 2009.

La mayoría de la gobernante izquierda busca anularla para evitar los efectos de un juicio que el país enfrenta en una corte internacional de derechos humanos por el secuestro y asesinato en Uruguay de la nuera del escritor argentino Juan Gelman, María Claudia García Iruretagoyena, en 1976.

García Iruretagoyena estaba embarazada cuando fue secuestrada. Su hija fue sustraída y hallada en Montevideo en el 2000.

Unos 200 uruguayos desaparecieron durante el gobierno militar, la mayoría de ellos en Argentina, durante operaciones conjuntas de los servicios de inteligencia de las dictaduras de ambos países.

Tras la llegada de la izquierda al poder, en 2005, el Poder Ejecutivo excluyó algunos casos de la norma y permitió juicios que derivaron en encarcelamientos.