La verdad de los hechos estaba muy lejos de mostrar a una Argentina dispuesta a firmar el dragado. De hecho, en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), los delegados uruguayos habían visto una y otra vez como los argentinos se negaban a aprobar el pliego de licitación. Y una y otra vez recibían el mismo mensaje desde Cancillería: hay que aguantar.

Y siguieron recibiendo ese mensaje cuando el presidente de la delegación uruguaya, Francisco Bustillo, le informó por escrito al canciller Luis Almagro que un ex diplomático argentino, Roberto García Moritán, le había ofrecido una coima de un millón de dólares si jugaba a favor de Riovia, la empresa holandesa que desde 1991 realiza el mantenimiento del canal a 32 pies.

La Cancillería siguió guardando silencio cuando los delegados en la CARP le informaron que Argentina primero había aceptado hacer un llamado de precios para sustituir a Riovia –a la que en enero se le venció el contrato- pero luego dio marcha atrás por razones inexplicables.

El propio Almagro, en diálogo con El Observador, intentó hacer creer que la marcha atrás la había dado Argentina pero a pedido de Uruguay, una explicación que no pudo fundamentar y que miembros de la propia Cancillería calificaron de absurda. Almagro intentaba, una vez más, no exaltar a la Cancillería argentina apropiándose de culpas ajenas.

Miembros de la CARP dijeron que la verdad fue que luego de firmar el llamado a concurso de precios (decisión cuyo registro obra en poder de El Observador) en la reunión siguiente apareció el presidente de la delegación argentina, Hernán Orduna, y mandó a parar. Orduna es un kirchnerista del riñón de Cristina Fernández que fue procesado en Argentina por corrupción.

La Cancillería siguió pidiendo silencio cuando, a pesar de que una empresa ofrecía dragar por un costo de US$ 9 millones, a instancias de Argentina se aceptó que continuara Riovia pero a un costo de US$ 15 millones anuales.

Pero todos estos vaivenes relacionados con la actitud argentina respecto al intento de coima y a Riovia, tenían un correlato en las negociaciones de fondo relacionadas al llamado a licitación para la profundización del dragado.

Estaba todo mal. Por todo esto que pasaba en los corrillos diplomáticos, la Cancillería no se sorprendió, pero siguió ocultando, que el día de la fecha prevista para abrir el llamado a licitación pero en horas de la mañana, se celebró una reunión en un apartamento privado de Buenos Aires en la que el propio Orduna y el embajador argentino en Montevideo, Dante Dovena, les anunciaron a varios diplomáticos uruguayos que esa tarde iban a presentar observaciones al pliego de licitación.

Lo que ambos gobiernos hicieron aparecer como algo común -que se presentaran observaciones a un extenso pliego- era en realidad una tremenda chicana argentina que los uruguayos aceptaron callados la boca.

El pliego de licitación lo elaboró una consultora argentina en permanente contacto con los miembros de la CARP. Cada punto y cada coma del pliego pasó antes por el aval de los delegados en la comisión multinacional. Por eso Uruguay hacía tiempo que había dado el ok al pliego. A pesar de que participó activamente en la redacción del pliego, Argentina, una vez más, ponía una traba, y Uruguay guardaba silencio.

Los delegados uruguayos, aconsejados por la Cancillería, también guardarin silencio sobre la forma en que Argentina presentó esas inesperadas objeciones. Orduna apareció con un bibliorato, lo puso encima de la mesa y dijo que esas eran las observaciones al pliego, pero que no eran todas, que habría más. Cuando le pidieron el soporte digital de tamaño documento para repartir entre los cinco delegados uruguayos de la CARP, Orduna les dijo que no tenía, que sólo llevaba esos papeles.

Por todo esto, el gobierno uruguayo no se sorprendió cuando esta semana su par argentino envió una nota diciendo que el llamado a licitación se postergaría hasta tanto no se aclarara el asunto del intento de coima, algo que los delegados argentinos y todos los que tenían algo que ver con la CARP sabían desde hace dos años.

Era otra brutal chicana, pero esta vez, sin margen de maniobras, el gobierno uruguayo abandonó la posición que había mantenido en aras de un presunto objetivo superior y protestó por la actitud de los vecinos.

Pero aún así siguió manteniendo tapado el asunto del intento de coima, sobre todo porque a esta altura del profundo y prolongado silencio, su revelación, como finalmente ocurrió de boca del embajador itinerante Julio Baraibar, exponía al canciller como un mentiroso, y dejaba en evidencia al propio Mujica, que había dicho que si alguien tenía pruebas de un intento de coima debía ir ante la Justicia.