En pocas horas y a partir de los insistentes palos en la rueda de Argentina, el gobierno uruguayo dejó a un lado este martes la premisa del “no hagan olas” en la relación con la administración de Cristina Fernández de Kirchner, para asumir una postura un poco más firme sobre las negociaciones para dragar a 34 pies de profundidad el canal Martín García.

En la noche del lunes, el canciller argentino, Héctor Timerman, comunicó por carta la decisión de auditar los procesos en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), a partir de las denuncias de coima y “arreglos”. En la mañana del martes, el gobierno tenía pronta una dura respuesta.

El canciller Almagro le escribió también una carta para decirle que acepta la auditoría, le transmitió su “preocupación”, pero subió la apuesta al solicitar que sean públicas las actas de la CARP donde se detalla el presunto “arreglo” y el ofrecimiento de una coima.

El canciller uruguayo asumió, a la vez, que el cronograma establecido para la licitación no será cumplido, y por ello ofreció también que se inicie el concurso de precios para adjudicar a la mejor oferta las tareas de mantenimiento del canal en sus condiciones actuales (32 pies), servicio que realiza la empresa Riovia desde 1991.

Cuando se terminaba el contrato de esa firma holandesa en enero, la CARP desestimó una oferta US$6 millones más barata, ya que Riovía cobraba US$12 millones, pero negoció una extensión del contrato hasta julio por US$ 15 millones.

Almagro recalcó en su carta de respuesta a Timerman que desde el gobierno uruguayo no han salido “ni dichos, ni actuaciones que perjudicaran” la relación, en un marco de “diálogo sincero y fructífero”.

“Con la mayor preocupación vemos que intereses esenciales de la República Oriental del Uruguay se ven seriamente afectados a partir de una decisión que pospone en el tiempo el cumplimiento de un cronograma para el dragado de profundización del canal”, escribió Almagro.

La auditoría por parte de Uruguay será realizada por el Tribunal de Cuentas (de hecho Almagro ya se lo había pedido el 1º de marzo), y en el lado argentino lo hará la Sindicatura General de la Nación.

En entrevista con El Observador el sábado, Almagro había adelantado que se iba a auditar todo el proceso para dar transparencia y garantías. El plazo máximo para que cada organismo se expida no deberá exceder los 60 días, estableció Almagro.

Chicanas y acuerdo tributario. El cambio de tono conformó a la oposición, que este martes fue informada en la Cancillería de los últimos sucesos.

Después de enviar a Buenos Aires la carta con su respuesta, Almagro invitó a líderes de los partidos con representación en el Parlamento. Junto al jefe de gabinete de la Cancillería y presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo, el embajador itinerante Julio Baráibar y el abogado del ministerio, Carlos Mata, el canciller detalló a los partidos los pasos dados y les enseñó la carta que había enviado a Buenos Aires horas antes.

Según relataron participantes de la reunión a El Observador, Almagro dijo que haría todo lo posible para “intentar que se hagan rápido” las auditorías sobre la actuación de la CARP. El ministro se mostró sorprendido ante los delegados partidarios por la reacción de Argentina frente a las investigaciones periodísticas en Uruguay.

La oposición compartió con el canciller lo sustancial de la respuesta, pero le pidió que fuera más firme y explícito en los reclamos hacia Argentina. “Ministro, pará algo, trancá en algo, porque Argentina hace lo que quiere y nos gana todas”, le dijo el senador José Amorín (Proba), que junto a Ope Pasquet representó en la reunión al Partido Colorado.

Más con gestos que con palabras, Almagro desechó la exigencia y reafirmó el camino elegido de relacionamiento con el gobierno de Cristina Fernández.

Luego, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber (Herrerismo), propuso que Uruguay se corte solo e inicie los trámites para dragar de forma unilateral el canal Martín García. Ante ello, Almagro abrió los brazos y miró a Mata, el abogado de la Cancillería, que se ocupó de explicar por qué no convenía ni estaba en los planes (ver nota aparte).

Blancos, colorados e independientes plantearon a Almagro que se congele la consideración en el Parlamento del tratado de intercambio tributario con Argentina hasta no recibir señales de apertura, pero tampoco accedió.