Montevideo. Una suma de hechos –quizá opacados por la atención hacia el Mundial de fútbol- relacionados con la seguridad pública que sucedieron en las últimas semanas, volvieron a colocar el tema entre las principales preocupaciones de gobierno, y al mismo tiempo, en la discusión política.

El disparador fue un incendio en la cárcel departamental de Rocha, donde perdieron la vida 12 reclusos y otros ocho resultaron heridos de gravedad, lo que vino a confirmar la delicada situación de las cárceles en Uruguay. Antes y después de este hecho, se acentuó un particular fenómeno delictivo que inquieta a los investigadores: secuestros exprés.

Estos acontecimientos y sus repercusiones, terminaron de instalar a la seguridad pública en la agenda.

La tragedia en Rocha fue motivo de un llamado al Parlamento al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y un reclamo de responsabilidades de parte de la oposición. Eso desnudó una situación de vulnerabilidad que denunció el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, quien en un informe que presentó a la Asamblea General aseguró que 80% de la población reclusa vive en cárceles con riesgo de incendio.

Los familiares de las víctimas se manifestaron por justicia en las calles de Rocha, mientras que 2.500 reclusos de cuatro cárceles del país iniciaron una huelga de hambre para reclamar el procesamiento de dos guardias de Rocha.

Los secuestros exprés, por su parte, despertaron la inquietud de las autoridades y provocaron la crítica del juez de adolescentes, Washington Ballivia, quien cuestionó a la Policía y sostuvo que “desoyó” su recomendación de vigilar a un menor sospechoso de integrar la banda que consumó cuatro secuestros exprés, según publicó El País.

Este miércoles, la Policía detuvo a dos sospechosos de pertenecer a la banda que cometió los secuestros en Montevideo.

La oposición encontró en estos dolores de cabeza para el gobierno los argumentos justos para iniciar la primera embestida contra la administración. El escenario fue el Parlamento: por un lado, mientras el Senado convirtió en ley el proyecto de Emergencia Carcelaria, pasaron cuentas al gobierno y apuntaron a la responsabilidad del ex presidente Tabaré Vázquez. En paralelo, los diputados de la oposición trancaron en sala y reclamaron que Bonomi dé las explicaciones.

Abordado por la prensa este miércoles, el ex presidente del Frente Amplio asumió las responsabilidades, pero remarcó que los gobiernos anteriores también tienen su cuota.

Una fuente cercana a Bonomi explicó a Observa que la situación no inquieta al ministro, pero generó impotencia al no contar con los recursos presupuestales necesarios para poner en marcha las políticas anunciadas.

De todos modos, los temas están en la agenda. La misma fuente transmitió que el secretario de Estado tiene esperanzas de revertir los problemas con la aprobación del Presupuesto Nacional.