A unos porque les parece una invitación al asesinato masivo de fetos, y a otras porque lo consideran una tibia solución que no les reconoce a las mujeres el derecho hacer con su cuerpo lo que se les dé la gana.

El proyecto de despenalización del aborto que votará hoy la Cámara de Diputados tiene toda la intención de reunir la filosofía de los “pro” y de los “anti” abortistas y, sin embargo, ha recibido palos de todos lados pese a que, finalmente, deja en manos de la mujer la decisión de interrumpir su embarazo antes de los doce meses de gestación.

Este estado de cosas se ve reflejado incluso en las marchas callejeras. Mientras que los “antiabortistas” redoblaron sus manifestaciones de rechazo –ayer marcharon por 18 de julio y hoy estarán frente al Palacio Legislativo– los “proabortistas” han raleado su presencia callejera ya que las manos anaranjadas que dicen “Aborto legal, ya” no condicen exactamente con lo que se votará en el Parlamento.

Pero, además, luego de aprobada en el Parlamento, la despenalización intentará ser tumbada a través de un referéndum en el que muchos de los que hoy critican la ley saldrán a defenderla y, en cambio, algunos de los que la votaron convocarán a no firmar las papeletas.

La historia es más o menos conocida: la iniciativa original –original en esta legislatura, ya que proyectos similares vienen dando vueltas en el Parlamento desde hace décadas– fue impulsada y aprobada en el Senado con los votos del Frente Amplio.

Esa propuesta establecía, básicamente, la legalización del aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación y dejaba la decisión en manos de las mujeres sin ningún tipo de intermediarios. Pero cuando el proyecto llegó a la Cámara de Diputados, el frenteamplista Andrés Lima anunció que no lo votaría. Allí entró a jugar el diputado del Partido Independiente Iván Posada, quien tenía su propia propuesta sobre el asunto.

Así, Posada –el voto cincuenta de la iniciativa– y el Frente Amplio llegaron a un acuerdo para presentar una iniciativa que despenaliza pero no legaliza el aborto y obliga a las mujeres a comparecer ante una comisión integrada por médicos y asistentes sociales quienes le explicarán los alcances de su decisión. Transcurridos cinco días de “reflexión”, entonces sí la mujer tendrá la última palabra.

Para los “antiabortistas”, el nuevo proyecto no cambia en nada la filosofía del original y, dicen, otorga licencia para matar. “No hay derecho a la libertad sin derecho a la vida. Esta es una ley que niega un derecho humano”, escribió el diputado blanco Javier García en su cuenta de Twitter.

El pasado 22 de agosto en la comisión especial de la Cámara de Diputados, donde el proyecto ya fue aprobado, el edil blanco Carlos Iafligliola protagonizó un encontronazo con varios de los integrantes del grupo tras cuestionar el procedimiento parlamentario.

“Este tema ha tenido un tratamiento irregular a nivel legislativo con actos contrarios a derecho y por momentos con acciones de corte antidemocrático”, afirmó el presidente de la Mesa Coordinadora Nacional por la Vida.
Pero también en la vereda de enfrente de los “provida” existe disconformidad con el proyecto. “Esto no es lo que se merecen las mujeres después de tantos años de lucha”, dijo a El Observador Marta Aguñin, representante de la organización MYSU (Mujer y Salud en Uruguay) que se presenta como defensora de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

“Todo lo que planteamos no fue tomado en cuenta para nada. Incorpora el tutelaje de un tribunal profesional que está totalmente fuera de lugar. Es un tribunal moralizante que manda a las mujeres a que reflexionen durante cinco días. Como si las mujeres no estuvieran ya convencidas cuando toman una decisión como esa”, dijo Aguñin.

La integrante de MYSU señaló que la realidad del sistema de salud uruguayo no da garantías acerca de la celeridad con la que puede actuar esa junta médica encargada de aconsejar a las embarazadas. “¿Y si se demoran? ¿Y si se trata de pueblos del interior en donde esos servicios difícilmente serán implementados? El embarazo sigue siendo punible, esa es la realidad”, dijo.

Durante el pasado acto del 1º de mayo, una representante del Departamento de Género, Equidad y Diversidad de la central sindical leyó una proclama en la que fue cuestionado el proyecto que hoy se encamina a votar la Cámara de Diputados. “Las mujeres seguimos teniendo derecho al control de nuestro cuerpo. No aceptamos triunviratos que nos recuerdan a la inquisición. El tiempo es ahora. Aborto legal ya…”, afirmó en referencia a la comisión que se encargará de aconsejar a las embarazadas.

Referéndum. Tras la casi segura aprobación de la despenalización del aborto en el Parlamento, el Partido Nacional lanzará –a propuesta del diputado Pablo Abdala– una campaña para interponer un recurso de referéndum contra la ley.

La Constitución establece dos mecanismos. La llamada “vía rápida” requiere que se presente ante la Corte Electoral la firma del 2% de los habilitados para votar. Después se convocará a una consulta popular no obligatoria en la que, para seguir con la iniciativa, deberá concurrir y votar por “Si” el 25% del padrón electoral. Una vez alcanzada esa meta, se convocará a un referéndum obligatorio en el que se decidirá si la ley queda o no en pie.

El otro camino consiste en la recolección, dentro del año de la promulgación de la ley, de las firmas del 25% de los habilitados para votar. Si se consigue el objetivo, la Corte Electoral convocará a un referéndum.

Entre los apoyos que tendrá esa iniciativa contra la despenalización del aborto, se descuenta la participación de casi todo el Partido Nacional, de la mayoría del Partido Colorado, de la Iglesia Católica y de las denominadas organizaciones “provida”.

En contra del referéndum se pronunciarán la casi totalidad del Frente Amplio, las denominadas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, parte del Partido Independiente, y legisladores del Partido Colorado que tuvieron que votar contra la ley por disciplina partidaria.

Es el caso del diputado Fernando Amado (Vamos Uruguay) quien aseguró que en ese caso dará “batalla” para que la ley quede en pie.
Según la última encuesta de la empresa Cifra, un 52% de los uruguayos está a favor de la despenalización del aborto y un 34% se manifiesta en contra.