Montevideo. El presidente electo de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció este viernes la formación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, integrado por líderes de diversos colectivos sociales, con el objetivo de esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985).

Acompañado por legisladores, líderes religiosos y representantes de familiares de desaparecidos y afrodescendientes, Vázquez afirmó en una rueda de prensa que el fin fundamental de este grupo será "trabajar en el tema de los ciudadanos y ciudadanas uruguayos desaparecidos", que se calculan en "más de 200", tanto en el país suramericano como fuera de sus fronteras.

La conformación de esta comisión responde a "razones éticas, morales, profundas, humanísticas de nuestra sociedad en su conjunto de seguir trabajando, aportando y buscando la verdad y la justicia en este tema tan sensible para la población uruguaya", aseguró Vázquez, respaldado por el vicepresidente electo, Raúl Sendic.

"Es un compromiso formal que hemos adquirido como fuerza política y también personalmente", añadió el futuro mandatario, quien adelantó que el grupo será oficializado después del próximo 1 de marzo, una vez sea investido presidente, y que dependerá de Presidencia.

Vázquez defendió que con esta comisión pretenden "avanzar más de lo que se ha hecho hasta el momento", pero sin marginar a las organizaciones involucradas en estas investigaciones, a las que consultarán "permanentemente".

Al respecto, justificó que es una comisión reducida para dinamizar su funcionamiento y señaló que sus integrantes son personas directamente relacionadas con el tema.

Este es el caso de los diputados frenteamplistas Macarena Gelmán, víctima del "Plan Cóndor" y nieta restituida del poeta argentino Juan Gelman, y Felipe Michelini, hijo del político Zelmar Michelini, asesinado por la dictadura argentina (1976-1983).

Ambos se integrarán en el grupo, junto con Emilia Carlevaro en representación de las asociación de familiares de desaparecidos, y representantes de colectivos también perseguidos durante los años de la dictadura.

En concreto, el grupo lo completan Mario Cayota en representación de la Iglesia católica; el pastor Ademar Olivera, por la Iglesia metodista; Pedro Sclofsky, ex presidente del Comité Central Israelita de Uruguay, y la mae Susana Andrade, en nombre de los afrodescentienes y la religión afroumbandista.

Sus cometidos serán el análisis de los archivos existentes, la búsqueda de la información relevante y la reconstrucción de los delitos a partir del testimonio de las víctimas, sus familiares o simples testigos, avanzó el futuro prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo.

Toda la información existente y la que se logre incorporar será digitalizada con un programa informático, que agilizará su procesamiento y análisis, añadió Roballo.

Asimismo, el grupo deberá instrumentar el seguimiento del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado, tanto a nivel nacional como internacional, y analizar las leyes y medidas de reparación.

"Falta información, en algún lado está, hay que buscarla", sostuvo Vázquez, quien dijo albergar una gran esperanza en el trabajo de esta comisión, cuyos miembros serán honorarios.

Preguntado por los medios sobre el ofrecimiento del papa Francisco para mediar en el caso de desaparecidos uruguayos, Vázquez dijo no contar con una proposición oficial por parte del Vaticano y tachó la noticia de "feliz coincidencia", puesto que todos los aportes para lograr la verdad "son bienvenidos", apostilló.