Caracas. La Asamblea Nacional venezolana inició el debate de un paquete de leyes que convertirá al país petrolero en un Estado comunal, con lo que se sientan las bases del "socialismo bolivariano" impulsado por el presidente Hugo Chávez.

Las leyes del Poder Popular constituyen el mayor paso en años en la transición hacia el socialismo debido a que traspasan el poder de autoridades electas a organizaciones comunales atadas al presidente, y serán aprobadas días antes de que Chávez pierda el control absoluto que tiene en la Asamblea desde el 2005.

Se prevé que el debate culmine con la aprobación de las leyes esta semana, antes de que asuma en enero una nueva Asamblea en la que el oficialismo no podrá probar las llamadas orgánicas, que son las de mayor alcance, porque el presidente perdió la mayoría de dos terceras partes.

El mandatario asegura que las leyes darán poder al pueblo, pero analistas dudan de la transparencia del sistema y de que se pueda implantar el complejo sistema de asambleas para regular la vida de la consumista sociedad venezolana.

A continuación algunos datos sobre las leyes comunales que están desde el martes en la agenda legislativa y que después de aprobadas deberán ser refrendadas por el presidente:

* Se discuten cinco leyes: Ley Orgánica del Poder Popular; Ley Orgánica de Contraloría Social; Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular; Ley Orgánica de Las Comunas y Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.

* La Ley Orgánica de Poder Popular es un amplio marco que impulsa el ejercicio directo del poder de grupos de vecinos, trabajadores y campesinos, entre otros, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable.

Contempla la transferencia a las comunidades de atribuciones que la Constitución otorga al Ejecutivo central, estadal y municipal, como la administración y prestación de servicios.

Establece que alentará valores y principios socialistas como "la solidaridad, el bien común, la honestidad, el deber social, la voluntariedad, la defensa y protección del ambiente y los derechos humanos".

* La Ley Orgánica de Contraloría Social regula la vigilancia y control de los ciudadanos sobre el poder público, el poder popular y las actividades del sector privado.

Analistas señalan que las empresas tendrán que privilegiar las necesidades de las comunidades por encima de las de sus accionistas. Además afirman que el sector privado queda en posición vulnerable al estar supervisado por las organizaciones atadas a la presidencia.

La ley obliga a los contralores a guardar reserva de la información y de los documentos que obtienen en su labor.

La oposición denuncia que entorpece la posibilidad de denunciar la corrupción en lugar de facilitarla.

* Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular busca una "justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta, para la construcción de la sociedad socialista de justicia y equidad".

Establece un Sistema Nacional de Planificación con el protagonismo de las comunidades y escaso peso de las autoridades locales.

* Ley Orgánica de Comunas persigue crear un "Estado Comunal" fundamentado en el "Socialismo del Siglo XXI".

Este texto está orientado a crear un nuevo orden por lo que activa formalmente un modelo basado en Comunas que funcionaría en paralelo a la organización tradicional del Estado.

Portavoces oficialistas han entrado en contradicción sobre si eliminarán o no el poder regional constituido en gobernaciones y alcaldías, pero en principio ambas instancias deben ceder parte de su presupuesto a proyectos comunales.

La población podrá solicitar la creación de comunas. Ellas contarán con un Parlamento, una normativa establecida en su Carta Comunal, un banco, un mercado de trueque, una moneda comunal y una justicia de arbitraje, entre otras entidades.

* La Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal: promueve la llamada "propiedad social" en concordancia con un sistema centralizado de planificación.
Propone eliminar "la división del trabajo del modelo capitalista", estimular mercados de trueque y establecer monedas comunales reguladas por el Banco Central.

Establece empresas de propiedad social comunal, unidades productivas familiares y grupos de intercambio solidario que no pagan tributos nacionales o derechos de registros. Indica que se dé preferencia a estas empresas en contrataciones públicas y que sus integrantes reciban formación política e ideológica.

* La construcción del Estado comunal se ha ido adelantando poco a poco. Algunas de las leyes que entraron en agenda esta semana fueron aprobadas en primera discusión meses o años atrás, mientras otras ya están vigentes y un tercer grupo -incluyendo los reglamentos- quedan pendientes.

En el 2009 se reformó la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público que permite al presidente revertir la asignación de competencias a las regiones.

La Ley del Consejo Federal de gobierno: vigente desde febrero, permite la creación de Distritos Motores del Desarrollo por orden del presidente, quien les dictará una "delimitación" productiva y les designará una autoridad única, sin coordinar con gobernadores y alcaldes.

El gobierno dice que la ley busca equilibrar el desarrollo nacional, pero observadores resaltan el énfasis legislativo en el desarrollo de una "propiedad social" que no tiene entre sus atributos que se pueda "disponer" de ella.