Fue emitida este martes la orden de recapturar a los militares acusados de corrupción en el Banco del Tesoro de Venezuela, quienes habían recibido el beneficio de libertad condicional, indicaron fuentes judiciales.

“Costó Dios y su ayuda” dijo un funcionario del Ministerio Público al serle consultado sobre la orden que dio el Tribunal 13° de Control de Caracas para capturar nuevamente a los dos capitanes del Ejército acusados de los delitos de apropiación indebida de créditos, tráfico de influencia y asociación para delinquir.

Los militares fueron liberados por sentencia de la Sala 3° de la Corte de Apelaciones de Caracas, según revelaron fuentes del Ministerio Público.

El viernes 12 de agosto pasado los tres jueces de la Sala 3° de Apelaciones (Rubén Darío Gutiérrez Rojas, Juan Carlos Gotía Gómez y Yuko Yamashita) ordenaron dejar en libertad a los capitanes Harold Peña y Fernando Sojo Hernández, así como a sus respectivas esposas: Nayanci Castillo y María Teresa Laya.

Pero en esa misma sentencia ordenan celebrar en 48 horas una nueva audiencia en un Tribunal de Control “prescindiendo del vicio de inmotivación aquí señalado”. Es decir, que razone “cuáles fueron las circunstancias que analizó para decretar la medida judicial de privación preventiva de libertad a los imputados”.

Dicha audiencia no se realizó a las 48 horas tal como lo ordenó la Sala 3° de Apelaciones. Esta se hizo fue seis días después y no se presentaron los militares ni los otros dos civiles imputados (Elkin Figueroa y Miguel Ángel Mata Quintero), sino las esposas de los capitanes que tenían arresto domiciliario custodiadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Bolivariana (Sebin), dijo el informante.

El fiscal 57 nacional, Luis Abelardo Velázquez, pidió que se revocara la decisión de la Sala 3° y se dictara una orden de aprehensión contra los liberados. El Tribunal rechazó tal petición y el fiscal fue recusado.

Luego, el pasado 25 de agosto, la Fiscalía 78 de Caracas formuló la misma petición y finalmente el Tribunal accedió a ordenar la aprehensión de los militares, pues “se encontraban abstraídos de la justicia”.

Para cuando se toma esa decisión, ya los capitanes estaban fuera del país, según dijo la fuente de Fiscalía. “Allí lo que cabía era ponerlos en el código rojo de Interpol”, acotó el informante.