El argumento para esta decisión sería que en el proyecto de ley se buscaría restar la calidad de colegislador del jefe de Estado. “El veto es una atribución del presidente y no puede estar supeditado a nada”, dijo la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz.

El gobierno de Rafael Correa nuevamente influyó en el tratamiento de la Ley de Comunicación al negarse a enviar un delegado para este debate y anunciarlo pocos minutos antes de la reinstalación de la comisión ocasional.

A pesar de que el propio presidente Rafael Correa y la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, expresaron su acuerdo con esta propuesta, al dar marcha atrás, el Ejecutivo ratificó que no renunciará a la posibilidad de objetar este proyecto independientemente de los acuerdos legislativos.

El argumento para esa decisión fue que este planteamiento buscaba restar la calidad de colegislador del jefe de Estado. “La Asamblea debe cumplir con lo que ha determinado el pueblo. Además, el veto es una atribución del presidente y no puede estar supeditado a nada”, dijo la ministra Soliz.

Para los miembros de la comisión, tanto del oficialismo como de la oposición, esta decisión no tiene que alterar el trámite de esta ley. El miércoles, la Comisión resolvió elaborar un documento, que fue aprobado por unanimidad por 10 de los integrantes de la mesa, a excepción de Fausto Cobo, que no estuvo en la reunión para presentarlo como insumo para el segundo debate.

Este informe, que resulte de los debates en la mesa, se presentará al pleno para su tratamiento junto al de su presidente, Mauro Andino, y que fue suscrito solo por legisladores de PAIS el 1 de julio del 2010.

Este acuerdo se dio luego de tres horas de discusión en la que los legisladores de oposición no respaldaron esta resolución hasta que no se permita el tratamiento de toda la ley. No obstante, esa decisión no implica que analizarán todo el proyecto.

En la sesión se mencionó que no se debatirán los textos aprobados en la comisión por unanimidad. Además, el próximo miércoles se elaborará un cronograma de actividades y se definirán los temas en los que se enfocará el debate.

Sin embargo, las bancadas no oficialistas ahora solicitan un compromiso por escrito de los legisladores de AP para ratificar los textos aprobados.

Cynthia Viteri (MG) reiteró su desconfianza de que el mandatario quiera hacer una ley pluralista y de respeto a la libertad de expresión, por lo que cualquier ley que salga del Parlamento será vetada.

“Temo que los acuerdos a los que se llegue en la Asamblea con AP no serán respetados por sus propios legisladores”, dijo.

A juicio de César Montúfar (CND), la decisión del Ejecutivo cierra la puerta a que los consensos en la Comisión también incluyan los criterios del presidente y se abre la posibilidad a que exista una objeción que reforme totalmente la ley.

Anunció que la oposición deberá delinear una nueva estrategia porque sería una ingenuidad concurrir a un segundo debate a votar.

Rolando Panchana (AP) afirmó que la única garantía para que no se vete la ley son los votos de los 124 asambleístas y que la presencia del delegado no implicaba nada. Ratificó que mientras más apoyo exista para una ley es más difícil que el jefe de Estado la vete.

Para Andino, la decisión de Correa no complicará el trabajo de la comisión y señaló que habrá que buscar mecanismos para que el Ejecutivo conozca los temas que se debaten y se produzca una adecuada coordinación.

Pero esta no es la primera vez que decisiones del régimen o de otras instituciones estatales alteran el debate legislativo.

El 22 de diciembre del 2009, la Superintendencia de Telecomunicaciones cerró por 72 horas el canal Teleamazonas por difundir información basada en supuestos a dos días de la suscripción del acuerdo ético-político suscrito de las distintas bancadas para dar continuidad al trámite del proyecto.

Este compromiso, que constó de siete puntos relacionados a la garantía de libertad de expresión sin censura previa, con responsabilidad ulterior, la existencia de un Consejo de Comunicación independiente del gobierno y poderes fácticos, con facultades de regulación administrativa y no para clausurar medios, posteriormente fue desconocido por el régimen.

Paco Moncayo (AL) calificó en la sesión como “bombas” esas resoluciones del Ejecutivo que tienen como objeto afectar el trabajo de la Asamblea.