El vicepresidente Álvaro García advirtió que la implementación del modelo autonómico en Bolivia generará tensión política y regional, mientras que en otra arista de dificultades hacia el nuevo estado ve “difícil” articular la jurisdicción indígena originaria campesina con la justicia ordinaria.

Este complejo panorama en el proceso de implementación del nuevo Estado fue graficado en el discurso de inauguración del seminario “Hacia la constitución del Tribunal Constitucional Plurinacional”, que se realiza en Santa Cruz con la participación de diferentes representantes de instituciones del Estado.

Los problemas que podrían presentarse en el proceso de engranaje y convivencia de los cuatro modelos autonómicos preocupan a García. La Constitución reconoce la capacidad legislativa de la autonomía departamental y municipal, mientras la indígena, originaria y campesina se administrará por sus usos y costumbres. La autonomía regional no tiene competencia legislativa.

“Hemos pasado de un Estado ultracentralista a un Estado autonómico complejo. Está claro que van a surgir las tensiones, ya el Gobierno central lo está viviendo (por ejemplo el conflicto en Potosí), pero también seguramente van a darse tensiones en el ámbito legislativo”, advirtió.

Ejemplificó que en el ámbito legislativo podría darse choque de normativas que se aprueben en las asambleas departamentales y la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Aspecto jurídico. La autoridad también admitió que en la administración de justicia será difícil articular la aplicación de leyes ordinarias con la justicia indígena originaria campesina. “Surge el debate en torno a la justicia indígena campesino originario, porque es otra manera de ejercer las normas de lo justo y sancionar lo injusto. La mayor dificultad es articular diversos sistemas”, admitió.

El texto constitucional reconoce cuatro tipos de jurisdicciones; la ordinaria, la agroambiental, la indígena originaria campesina y las especializadas. “Acá hay igualdad de condiciones. Ahora, el gran reto que tenemos es ver cómo conviven, cómo se ensamblan y cómo se articulan”, afirmó.

El Tribunal Constitucional jugará un rol determinante en la resolución de los conflictos que se vayan a presentar en el proceso de construcción del nuevo Estado. Los magistrados del control constitucional, al igual que del resto de las instituciones del Órgano Judicial, serán elegidos por voto.

“El gran reto que tenemos es el reconocimiento de las normas y procedimientos en tanto no pongan en duda el conjunto de los derechos establecidos en la Constitución, y la resolución de los juicios. Ésa será una gran tarea para nuestros abogados”.