Lima. El vicepresidente peruano, Omar Chehade, dijo este martes que no renunciará y clamó su inocencia frente a las acusaciones de tráfico de influencias, desestimando el consejo del mandatario Ollanta Humala para que dimita por el caso que ha mermado la imagen del gobierno.

Chehade comenzó a ser investigado hace unos días por el Congreso y la fiscalía, luego de revelaciones de que se reunió con tres generales para supuestamente pedir una intervención policial a favor del grupo empresarial local Wong, que mantiene una disputa por el control de una firma azucarera.

"Considero que no es pertinente formular mi renuncia a tal envestidura dado que soy inocente de los cargos atribuidos", dijo Chehade en un comunicado enviado a la prensa.

Sin embargo Chehade, quien también es legislador, afirmó en el comunicado que mientras duren las investigaciones del caso no ejercerá sus funciones de segundo vicepresidente, que es reemplazar al Jefe de Estado cuando éste se ausenta del país.

El presidente Humala se encontraba el martes en Bogotá, donde participaba en una reunión de la Comunidad Andina de Naciones con los mandatarios de Colombia, Juan Manuel Santos; de Ecuador, Rafael Correa y de Bolivia, Evo Morales.

Por el viaje de Humala a Colombia, la actual primera vicepresidenta, Marisol Espinoza, se encargaba del despacho presidencial. Chehade nunca ha asumido ese trabajo.

Chehade, un abogado que investigó casos de corrupción en el Gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, fue cercano colaborador de Humala en la campaña electoral y también su defensor en un juicio de violación a los derechos humanos.

Humala, quien asumió el cargo a fines de julio y que goza de una alta popularidad, afirmó el domingo en una entrevista transmitida por televisión que su segundo vicepresidente debería dimitir para que pueda defenderse de las denuncias.

Complicaría su caso. Las denuncias contra Chehade han mermado la imagen del gobierno en su lucha contra la corrupción y el ruido político generado por el caso podría restarle puntos en la popularidad de Humala, actualmente en 62%, según analistas.

El escándalo se produce además en momentos en que el país afronta protestas contra el sector minero -vital para la economía- y cuyo manejo marcaría la pauta en la relación del presidente izquierdista Humala con el capital privado.

Algunos legisladores opositores dijeron que la decisión de Chehade es una acto de rebeldía frente a Humala y afirmaron que la situación golpearía aún más al gobierno.

"El Presidente (Humala) ha quedado muy desautorizado con lo que ha sucedido", dijo el legislador Carlos Bruce.

"Chehade tiene que reconocer que por lo menos, por su desatino, ha metido al gobierno en una crisis política de proporción y por lo tanto tiene que responder por su responsabilidad política de lo ocurrido", afirmó.

Otros legisladores dijeron que el actual contexto podría agravar la situación política de Chehade, quien enfrenta varias acusaciones en el Congreso, las cuales podrían terminar en su destitución por incapacidad moral.

"Es bastante complicado, porque si la persona no quiere renunciar y se mantiene en rebeldía, se genera una crisis y el Presidente le va a tener que exigir su renuncia para no quedar desairado, con lo cual se profundizaría la crisis", dijo el legislador Mauricio Mulder, del opositor Partido Aprista.

Desafía a críticos. La decisión de Chehade había generado expectativas y durante el día fue prácticamente asediado por toda la prensa.

Chehade, quien cumplió 41 años el martes, asistió dos veces al Congreso para realizar su trabajo legislativo, sin brindar declaraciones a periodistas sobre el caso, ni responder a una legisladora en torno al pedido del mandatario Humala.

"Gracias por haberse acordado de mi cumpleaños (..) ha sido el mejor de todos", dijo brevemente un irónico Chehade a su salida del Congreso antes de anunciar su decisión de mantenerse en el cargo.

El vicepresidente proclamó la semana pasada en el Congreso su inocencia y hasta refirió que todo esto era una campaña política en su contra de parte de un general de la policía que no fue incluido en una reciente promoción de la institución.

En Perú ya hay un antecedente de renuncia de un vicepresidente. En el 2003, uno de los vicepresidentes del entonces mandatario Alejandro Toledo dimitió a su cargo luego de acusaciones de beneficiar con puestos públicos a su novia y firmar una ley a favor de la familia de ésta.

Chehade, un abogado que investigó casos de corrupción en el Gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, fue cercano colaborador de Humala en la campaña electoral y también su defensor en un juicio de violación a los derechos humanos.