Asunción. Asociaciones de víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) denunciaron este lunes en Asunción la "impunidad" de que gozan los responsables de los crímenes cometidos en aquel período, durante la conmemoración del 26 aniversario del golpe del 2 y el 3 de febrero de 1989 que derrocó al dictador.

La ceremonia tuvo lugar en el Panteón de los Héroes, en el centro de la capital paraguaya, donde bajo los sones del himno nacional fueron depositadas varias coronas en homenaje a las víctimas.

Entre los presentes se encontraban víctimas como Martín Almada, quien fue torturado y en 1992 descubrió los llamados "Archivos del Terror", que prueban los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América durante las décadas de los años 70 y 80 en el marco del Plan Cóndor.

"Se fue Stroessner, pero quedó el stronismo, la ponzoña. Se fue el dictador, pero quedaron impunes los represores y los ladrones", dijo Almada a Efe.

Premio Nobel Alternativo, Almada criticó además que las reparaciones económicas a víctimas de la dictadura provengan "de los bolsillos del pueblo", en lugar de venir "de los asesinos y ladrones", refiriéndose a quienes participaron en ejecuciones o se enriquecieron de manera ilegítima bajo el mandato de Stroessner.

Por su parte, la directora de la Comisión de Verdad y Justicia, Judith Rolón, declaró a Efe que de los países que sufrieron el Plan Cóndor Paraguay es uno de los más "atrasados en el combate contra la impunidad".

En 2013, las víctimas de la dictadura de Stroessner presentaron una querella en Argentina, donde se aplica la jurisdicción universal para esos delitos de lesa humanidad, justificada por el nulo avance en las investigaciones por parte del Ministerio Público paraguayo.

Desde 2008 no ha habido ninguna imputación por crímenes de lesa humanidad contra los victimarios ya identificados, según los abogados de las víctimas.

"La justicia es una deuda", dijo Rolón, quien insistió en la "falta de enseñanza de ese período en Paraguay en escuelas" como parte de un "trabajo de concienciación para no volver a repetir los hechos de la dictadura".

Una de las víctimas, José Gil Ojeda, activista agrario que estuvo en prisión entre 1976 y 1979, señaló a Efe que en los 26 años transcurridos desde la caída de Stroessner, "lo único que ha cambiado es que ahora hay libertad para expresarse, pero Paraguay está aplastado por una dictadura económica".

Lamentó además que la Defensoría del Pueblo, una de las entidades encargadas de tramitar las denuncias de las víctimas, "siga torturando con las dificultades que opone a la posibilidad de una indemnización que es mínima e insignificante".

Otro de los colectivos reunidos en el acto fue la Asociación de Excombatientes, que exige indemnizaciones para los militares que tomaron parte en el golpe de Estado que derribó a Stroessner.

En la noche del 2 al 3 de febrero de 1989, un golpe comandado por el general Andrés Rodríguez (1923-1997), consuegro de Stroessner, acabó con una de las dictaduras más larga de Latinoamérica.

El régimen dejó una secuela de 425 desaparecidos o ejecutados, detuvo a casi 20.000 personas que en su mayoría padecieron torturas, y forzó el exilio de 20.814 paraguayos, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia publicado en 2008.

Tras el golpe, Stroessner se refugió en Brasil, donde murió en agosto de 2006, a los 94 años, sin haber sido nunca juzgado por su responsabilidad en estos hechos.