El procurador general de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que cuentan con 28 órdenes judiciales de aprehensión por ejecutar en contra de maestros y estudiantes normalistas, adicionales a las giradas por la PGR, instancia federal que hasta la semana pasada había referido un total de 29 órdenes, cuatro de estas últimas fueron ejecutadas el jueves.

Ayer, el funcionario estatal detalló que los mandatos de aprehensión están en proceso y que se ejecutarán en los próximos días.

La mayoría de los delitos por los que se les acusa son robo, robo de vehículos y daños cometidos durante sus manifestaciones y actividades de protesta, agregó el procurador estatal.

De acuerdo con declaraciones del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, también la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene expedientes abiertos contra profesores y estudiantes de escuelas normales en la entidad.

En la víspera, el gobernador comentó que los involucrados ya estaban enterados de esta situación y por ello urgió al trabajo conjunto para evitar su ejecución.

Cabe recordar que el pasado 29 de octubre, la PGR anunció que se habían ejecutado cuatro órdenes de aprehensión en diversos lugares de Oaxaca, en contra de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La institución, al frente de Arely Gómez, detalló que a los detenidos se les vinculaba con diversos delitos federales cometidos durante la toma violenta de instalaciones en la Junta Distrital en Tehuantepec; la toma de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos; actos de vandalismo en contra de las instalaciones de la Octava Región Militar en la capital de Oaxaca, así como con el robo de 10,000 libros de texto gratuitos de la SEP.

Los aprehendidos por la PGR entonces fueron Juan Carlos Orozco Matus, por su probable participación en los delitos de motín, daño en propiedad ajena y en contra del consumo y riqueza nacional, y Othón Nazariega Segura, por su probable autoría en los delitos de robo agravado contra el consumo y riqueza nacional, y daño en propiedad ajena.

Asimismo, en contra de Efraín Picaso Pérez, de 44 años de edad, por su probable participación en el robo de miles de libros de texto gratuitos, y Roberto Abel Jiménez García, quien fue señalado por diversos delitos del fuero común.

La procuraduría puntualizó que los aprehendidos por delitos del orden federal podrían alcanzar penas de entre tres y 40 años de prisión y que serían puestos a disposición de las autoridades jurisdiccionales.

Un día después, el subprocurador de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, detalló en una entrevista radiofónica que en total se trataba de 29 órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la CNTE, contando las cuatro ya ejecutadas un día antes.

A partir de las detenciones de sus líderes, la coordinadora anunció la realización de diversas movilizaciones en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y el Distrito Federal.