Bogotá. La violencia antes de las elecciones locales sirve como un recordatorio de que Colombia aún tiene que escapar por completo de su pasado sangriento, incluso cuando la nación andina se ha beneficiado de la inversión extranjera en el sector petrolero y la minería.

Al menos 36 candidatos han sido asesinados antes de las elecciones del 30 de octubre, cuando los votantes elegirán gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Otros 13 activistas han muerto violentamente, de acuerdo con la Misión Observación Electoral (MOE).

En uno de los casos más desgarradores, la hija de 10 años de edad del alcalde de Fortúl, en el departamento de Arauca, fue secuestrada cuando se dirigía a la escuela el 29 de septiembre, lo que provocó una condena del presidente Juan Manuel Santos y marchas de protesta de sus compañeros de clase.

Los secuestradores se comunicaron con el padre de la niña para informarle que estaba bien, pero hasta ahora no la han liberado.

Considerada alguna vez como un Estado fallido sacudido por la violencia de la guerrilla izquierdista y del narcotráfico, Colombia comenzó a cambiar su imagen por una ofensiva militar contra los rebeldes, convirtiéndose en un imán para la inversión extranjera que le permitió luego recuperar el grado de inversión de calificación crediticia.

"Colombia ha estado en una buena racha, casi hay una euforia de los inversores, dada la calificación y otras medidas que han sido positivas tanto para los mercados de renta variable como de renta fija. Hay una tendencia a hacer a un lado estos problemas persistentes", dijo Gary Kleiman de la consultora Kleiman International con sede en Estados Unidos.

Con amenazas, ataques y secuestros además de los asesinatos, hubo 138 actos de violencia contra los 100.000 candidatos a cargos locales hasta el 22 de septiembre, más del doble que en toda la campaña de las últimas elecciones locales en el 2007, cuando 14 candidatos fueron asesinados.

Pocos dudan de que Colombia ha logrado un progreso notable en su seguridad y el clima de negocios, una mejora que se inició en el 2002 cuando fue elegido presidente Alvaro Uribe, quien inicio, con el apoyo de Estados Unidos, la ofensiva militar contra la guerrilla.

Recuperación de grado de inversión. La menor violencia y políticas económicas a favor del libre mercado ayudaron a que a la nación sudamericana de 46 millones de habitantes recuperara este año el grado de inversión por parte de las tres principales agencias calificadoras de Wall Street.

La inversión extranjera directa ascendió a US$10.800 millones entre enero y septiembre del 2011, más de cinco veces la registrada en el primer año del gobierno de Uribe.

Los ingresos por turismo anuales se ha duplicado desde entonces y el Congreso de Estados Unidos aprobó el miércoles un acuerdo de libre comercio con Colombia, retrasado durante más de cinco años, en parte, por las preocupaciones sobre la violencia en el país.

Pese a la violencia durante la campaña, las condiciones han mejorado notablemente desde las décadas de 1980 y 1990, cuando las guerrillas izquierdistas, los paramilitares de ultraderecha y narcotraficantes mataron a gran escala con bastante impunidad.

Históricamente, las elecciones locales han sido sangrientas por la disputa de los recursos, la lejanía de muchas zonas y el gran número de candidatos para unos comicios en algunos aspectos más importantes que los nacionales para la vida diaria de muchos colombianos.

"Me parece que hay un proceso de maduración de las elecciones de Colombia", dijo Beatriz Paredes Rangel, una política mexicana designada como jefa de los observadores electorales en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Los hechos de violencia que se han presentado están vinculados con zonas específicas. No vemos de ningún modo la violencia generalizada", afirmó.

El 30 por ciento de los incidentes registrados por la Misión de Observación Electoral se han producido en sólo dos departamentos -Antioquia y Valle del Cauca- que han sido focos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las nuevas bandas de delincuentes conocidas como la Bacrim.

Exacerbando la violencia, este año han sido aprobadas leyes para devolver tierras a los campesinos desplazados y para distribuir mejor las regalías de petróleo, carbón y metales.

Los gobiernos locales en gran medida tienen control de recursos energéticos y mineros.

"Lo que refleja es que hay un montón de cosas en juego en esta elección. Uno tiene la lucha por el poder político normal, uno tiene un nuevo enfrentamiento entre la política local y el Gobierno Central", dijo Christian Voelkel, analista de International Crisis Group en Bogotá.

"Y obviamente hay Bacrim por primera vez activamente en las elecciones. Y están las FARC. Así que hay más en juego que en condiciones normales de las elecciones locales como las del 2007", explicó.