Documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos, revelados por Wikileaks y publicados por El País de Madrid, indican que la embajada estadounidense alertó sobre la fragilidad del sistema judicial argentino y “la impunidad” de quienes delinquen.

“Sin auténtica voluntad política para erradicarla, la corrupción es generalizada en la judicatura y la Policía, y alcanza la política”, según denuncia un informe enviado a Alberto R. González, entonces fiscal general de Estados Unidos, poco antes de su viaje a Buenos Aires.

La renuncia del fiscal anticorrupción argentino Manuel Garrido, en marzo de 2009, alegando la imposibilidad de cumplir con su trabajo, fue recibida con desagrado por la representación diplomática estadounidense. Después de más de 100 investigaciones Garrido no pudo lograr una sola condena.

Según informó el matutino español en su versión digital, desde 1986 se han registrado apenas 50 sentencias de condena.

Largos procesos, pocos procesamientos. De acuerdo con datos del Centro para el Estudio y la Prevención de los Delitos Económicos, los procesos demoran un promedio de 14 años y solo 15 de cada 750 acaban en el procesamiento de los denunciados.

"Los recientes movimientos del gobierno argentino socavan la independencia y la eficacia de los organismos con jurisdicción sobre casos de corrupción". Embajada de EE.UU. en Argentina.

La embajada había seguido atentamente las investigaciones de Garrido sobre el incremento patrimonial del matrimonio Kirchner y de funcionarios del entorno presidencial.

"Los recientes movimientos del gobierno argentino socavan la independencia y la eficacia de los organismos con jurisdicción sobre casos de corrupción", condenó la embajada.

Investigaciones a otras presidencias. Aunque el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina dispone de una oficina anticorrupción, ésta se centró en investigar los casos ocurridos durante las Administraciones de los presidentes Carlos Menem (1980-1999) y de Fernando de La Rúa (1999-2003), "pero apenas se ha ocupado de las acusaciones contra la Administración Kirchner", subrayan los funcionarios.

Otro informe refiere a la captación política de los jueces con causas importantes a su cargo. Si aceptan, deben abandonar los casos o paralizarlos.

Los argentinos sacaron del país unos US$130.000 millones, la mayoría procedentes de la evasión fiscal y la corrupción política. Para tratar de lograr su regreso, el gobierno aprobó una ley de amnistía impositiva, sobre cuyos resultados y verdaderas intenciones aun existen recelos.

Dos abogados consultados por la Embajada de EEUU coincidieron en que el gobierno de Kirchner presionó tanto para que se aprobara esa ley, pese a las dudas sobre su efectividad, para "permitir a funcionarios del gobierno y sus cómplices en el sector privado blanquear el efectivo procedente de las comisiones, sobornos y otras formas de corrupción oficial, y legitimar negocios turbios, por ejemplo el juego".