La organización opina que, a una década de la presencia militar en el país, no se ha logrado reducir los índices delictivos.

El Congreso de la Unión discute a marchas forzadas la Ley de Seguridad Interior, un debate que, a decir de investigadoras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), omite abordar las consecuencias de aumentar la militarización de la seguridad pública en el país.

Ximena Suárez-Enríquez y Maureen Meyer, analistas de la organización con sede en Washington, Estados Unidos, exponen que “luego de la presión” por parte del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, sobre la inexistencia de un marco legal para la participación del Ejército en las operaciones de seguridad pública, las Cámaras de diputados y senadores se apresuran a debatir y aprobar una ley en la materia.

Con esta ley, “el Congreso mexicano busca ampliar y normalizar la presencia militar en la seguridad pública en vez de hacer una evaluación crítica del impacto de más de una década de presencia militar en el país, que no ha logrado reducir efectivamente la violencia ni la delincuencia organizada”, se lee en el documento de WOLA, recientemente publicado.

Las autoras del análisis exhiben que el uso del Ejército en operaciones de combate a grupos criminales y en tareas de seguridad pública ha resultado también en graves violaciones de derechos humanos cometidas por soldados, incluyendo casos documentados de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con información obtenida por WOLA, durante el periodo comprendido entre el 2012 y agosto del 2016, hubo 6,182 casos de delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados pendientes de investigarse y resolverse, mientras que sólo existen 29 sentencias penales emitidas por jueces federales.

Algunos casos bajo investigación son por homicidio, desaparición forzada, tortura, violación, agresión, falsedad en declaraciones judiciales, abuso de autoridad, posesión de narcóticos y delincuencia organizada.

Para ambas investigadoras es necesario que las discusiones legislativas consideren los costos en materia de derechos humanos. “No se garantiza la voluntad y capacidad de la Procuraduría General de la República (PGR) de México para investigar y enjuiciar delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados en contra de civiles, estos casos quedarán impunes y se fomentarán futuros abusos”, advierten.

De acuerdo con el trabajo, WOLA observa que en el avance en las investigaciones de delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados mexicanos, de acuerdo con hallazgos preliminares, existen al menos tres obstáculos en el sistema de justicia para la investigación de los casos.

El primero es una implementación superficial de las reformas legales. Aunque las reformas del 2014 al Código de Justicia Militar otorgaron competencia a la PGR para investigar delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados contra civiles, en la práctica el Ejército ejerce un control importante sobre sus pesquisas.

“De acuerdo con testimonios obtenidos por WOLA, las investigaciones de la PGR sobre delitos cometidos por soldados son lentas, burocráticas y poco transparentes”, documenta.

Una segunda limitante es que las investigaciones de casos que involucran a soldados no son prioritarias, de acuerdo con la organización. A pesar de que el envío de casos de la jurisdicción militar a la civil empezó en el 2012, el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 no incluye planes concretos para la indagación de delitos cometidos por soldados, lo que significa que no hay estrategias específicas ni transparentes para la investigación de estos casos.

Las investigaciones de delitos cometidos por soldados están repartidas en por lo menos ocho oficinas diferentes dentro de la PGR, reproduciendo la fragmentación de casos y la burocracia que ha impedido investigaciones penales efectivas y profesionales en México por décadas, alegan Suárez-Enríquez y Meyer.

El tercer obstáculo es la falta de investigación de la cadena de mando. Ello significa que no hay averiguaciones de funcionarios de alto rango dentro del Ejército y autoridades civiles por dar órdenes que resultaron en la comisión de delitos o de aquellos que omitieron tomar acciones para prevenir o castigar delitos.