A través de un escrito presentado este viernes 25 de noviembre por la Procuraduría General, el Estado ecuatoriano rechazó por “improcedente” el pedido de medidas cautelares efectuado por los directivos de El Universo.

Medidas cautelares pedidas por los directivos son ‘improcedentes’, sostiene el Estado.

A través de un escrito presentado el viernes 25 de noviembre por la Procuraduría General, el Estado ecuatoriano rechazó por “improcedente” el pedido de medidas cautelares efectuado por los directivos de El Universo y su ex editor de Opinión, Emilio Palacio, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 24 de octubre anterior, los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez junto con Palacio presentaron dicha solicitud argumentando que, de ejecutarse la sentencia en su contra por supuestas injurias calumniosas al presidente Rafael Correa, esta les causaría un grave e irreparable daño al privarlos de la libertad y generar la quiebra de la compañía.

Los querellados fueron condenados a tres años de cárcel y el pago de una millonaria indemnización para Correa.

En atención a ese requerimiento, la CIDH pidió al Estado ecuatoriano que presentara, en un plazo de diez días contados desde el 15 de noviembre pasado, sus observaciones y entregara información referente a cinco preguntas sobre el proceso judicial contra este Diario.

Según un boletín de la Procuraduría, “el pedido no cumple las condiciones de extrema gravedad, urgencia, irreparabilidad, inminencia, verosimilitud y temporalidad necesarias para el otorgamiento de medidas cautelares”.

Según el Estado, el pago de US$40 millones no es señal de afectación patrimonial definitiva.

" ... con respecto a la posible sanción civil, no existe evidencia alguna –más allá de las afirmaciones de las presuntas víctimas- de que el posible detrimento patrimonial de los solicitantes no sea recuperable en el tiempo; o que ello implique, inminentemente, la quiebra de la persona jurídica “El Universo”; de manera que ésta no resulta una presunción razonable", dice la Procuraduría.

“La posible censura, ruina y pérdida del patrimonio de los presuntos afectados como consecuencia de un proceso civil, así como la posible pena de prisión por un delito tipificado en la legislación penal ecuatoriana, no implica la existencia de un riesgo de daño sumamente grave y que, por ello, resulte urgente adoptar una medida cautelar”, refiere el comunicado de la Procuraduría.

El organismo estatal advirtió que la “naturaleza subsidiaria” del Sistema Interamericano “impide que la CIDH pueda pronunciarse en contra de procesos judiciales que aún se ventilan en el derecho interno”, salvo que existan presunciones de violaciones a las garantías procesales consagradas en la Convención. Esto, afirma, no ha sido planteado por los Pérez y Palacio en su petitorio.

“En consecuencia, el otorgamiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH en este caso implicaría no solo el prejuzgamiento sobre el fondo del proceso sino una intromisión manifiesta en la soberanía nacional, puesto que el Estado ecuatoriano aún no ha sido notificado con una petición planteada ante el Sistema Interamericano”, concluye la Procuraduría, la cual no respondió a las preguntas de la Comisión.

Cinco preguntas planteadas por la CIDH al gobierno.

1. Si el recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia es un recurso ordinario o extraordinario. Así como también si los propuestos beneficiarios puede ejercer algún recurso adicional para recurrir las resoluciones señaladas.

2. Cuáles son los criterios utilizados para la definición del monto de las sanciones pecuniarias a cargo de los propuestos beneficiarios.

3. Si existen otras decisiones similares, al menos en los últimos cinco años, en las cuales las autoridades competentes hubiesen impuesto sanciones con cuantías de hasta treinta millones de dólares o mayores, por delitos contra la honra de funcionarios públicos realizadas por periodistas o medios de comunicación.

4. Cuáles son los elementos utilizados para aplicar, bajo la normativa y jurisprudencia ecuatorianas, la responsabilidad penal por una “autoría coadyuvante” de los delitos contra la honra de funcionarios públicos.

5. Cualquier información que se considere pertinente.