El presidente Rafael Correa ofreció este martes un almuerzo protocolario a los representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que visitan el país, pero no abordó la demanda que el Estado ecuatoriano enfrenta por el caso de violación a los derechos de la comunidad Sarayacu.

Los siete jueces del organismo hicieron un alto a la agenda que cumplen en Guayaquil, donde celebran el periodo 45º de sesiones, para atender la invitación de Correa. El almuerzo fue en Carondelet y contó con la asistencia de ministros y autoridades de Estado, y embajadores de varios países.

Al término de la cita el presidente de la Corte, Diego García Sayán, informó que “no se habló de los casos judiciales que están en curso”, sino que hubo una “enorme prudencia en los temas (de conversación)”.

El organismo sesiona en Guayaquil desde el pasado lunes, con el fin de que la ciudadanía conozca cómo se realizan las audiencias en las que se tratan casos de corte internacional.

El viernes y sábado, los jueces visitaron la comunidad Sarayacu, en la provincia de Pastaza, para conocer las circunstancias sociales y ambientales de sus habitantes, luego de que la empresa petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) iniciara en el 2003 actividades de búsqueda de crudo en el bloque 23, lo cual causó daño ambiental por la colocación de 1.600 kilogramos de pentolita que luego de nueve años no han podido retirarse.

Por esta afectación el Estado ecuatoriano enfrenta una demanda internacional ante la Corte Interamericana. El pueblo Sarayacu pide la reparación por los daños y perjuicios causados al medio ambiente.

García Sayán reiteró ayer que la máxima instancia de justicia podría fijar ¬este mismo año¬ una sentencia al respecto. Además insistió en que durante el almuerzo “no hubo ni negociaciones, ni coordinaciones de fondo”.

En tanto, el canciller Ricardo Patiño declaró que la cita fue una oportunidad para conocerse y ratificar la adhesión de Ecuador al Sistema Interamericano de la Corte. “Y también –aunque no lo hablamos con la Corte– las discrepancias con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, agregó el ministro.

Patiño expresó que el régimen esperará que el organismo tome la decisión sobre el caso Sarayacu, al tiempo que recordó que esos “errores” se cometieron en otros gobiernos y que, por tanto, “si el Estado ecuatoriano tiene que reconocerlo, lo tendremos que reconocer” .