Phoenix. Legisladores de Arizona aprobaron este lunes una polémica ley de inmigración que ordena a la policía en el estado fronterizo con México determinar si cualquier extranjero está ilegalmente en Estados Unidos, una medida que según críticos fomenta prejuicios raciales.

Legisladores en el Senado de Arizona aprobaron por 17 votos a favor y 11 en contra la legislación, considerada la medida más severa tomada jamás por un estado estadounidense para reducir la inmigración ilegal.

La Cámara de Representantes del estado dio luz verde a la medida la semana pasada. La gobernadora Jan Brewer, una republicana, tiene cinco días para vetar el texto legal o promulgarlo.

La inmigración es un tema profundamente delicado en Estados Unidos, donde unos 10,8 millones de inmigrantes ilegales viven y trabajan en las sombras, aunque en los últimos meses el debate ha sido eclipsado por la reforma de salud y la preocupación por la economía.

La ley requiere que la policía estatal y local determine el estatus de personas en caso de que exista una "sospecha razonable" de que son inmigrantes ilegales y arreste a quienes no pueden entregar la documentación que demuestre que están en el país legalmente.

También convierte en un crimen transportar a alguien que es inmigrante ilegal y contratar trabajadores por el día desde la calle.

"Creo que las esposas son una poderosa herramienta cuando están en manos de las personas adecuadas", dijo Russell Pearce, el senador republicano del estado que redactó el proyecto de ley.

Queremos "aplicar la ley y hacerlo contra los delincuentes", declaró a Reuters.

Opositores a la ley en Arizona, algunos de los cuales mantuvieron una vigilia fuera de la casa de Brewer este lunes para instarla a vetar la medida, dijeron que la ley es inconstitucional y discriminará a los latinos.

"Tú no puedes saber si una persona caminando por la acera es indocumentada o no (...) de modo que este es un mandato que incentiva prejuicios raciales", dijo Pablo Alvarado, director de National Day Laborer Organizing Network.

Alvarado sostuvo que su grupo pediría al Gobierno federal que intervenga y que estaba considerando tomar acciones legales para revocar la ley.