Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU defendió este miércoles el agua y el saneamiento como un derecho universal en una resolución, aunque más de 40 países se abstuvieron al decir que este tipo de derecho no existe en la legislación internacional.

Unos 884 millones de personas carecen de acceso a agua potable, más de 2,6 millones no tienen un saneamiento básico y alrededor de 1,5 millones de niños de menos de 5 años mueren cada año por enfermedades relacionadas con estas cuestiones, dijeron los patrocinadores de la resolución.

La medida no vinculante, presentada a la Asamblea por Bolivia, dice que el derecho a agua potable limpia y segura y el saneamiento es "un derecho humano esencial para el total disfrute de la vida y todos los derechos humanos".

En una cláusula que parece colocar la responsabilidad de rectificar la situación en los países ricos, insta a los estados y organizaciones internacionales a "incrementar los esfuerzos" para proporcionar agua potable y saneamiento para todos.

La resolución fue aprobada por 122 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones.

Los que se abstuvieron fueron principalmente países desarrollados, aunque España y Alemania votaron a favor de la medida.

Los países que se abstuvieron señalaron que una experta independiente, la abogada portuguesa Catarina de Albuquerque, debía presentar el próximo año un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, sobre las obligaciones de los países sobre el agua y el saneamiento.

Acusaron a los defensores de la resolución de intentar restar validez a sus conclusiones.

El delegado estadounidense John Sammis dijo que la resolución "está muy lejos de disfrutar del respaldo unánime de los estados miembro y podría incluso socavar el trabajo en marcha en Ginebra".

La delgada británica Nicola Freedman dijo que Londres "no cree que exista actualmente suficiente base legal en el derecho internacional para declarar o reconocer el agua o el saneamiento como un derecho humano".

Sin embargo, el grupo de derechos Food & Water Watch, con sede en Washington, respaldó lo que calificó como una resolución histórica.