En las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de La Paz se siente un fétido olor. En los mismos ambientes hay baños que no tienen agua. No hay sillas ni catres. Las condiciones son inadecuadas, dicen en el Defensor del Pueblo y en la Policía.

¿Quiénes deben permanecer en estas celdas? Son las personas detenidas preventivamente, mientras el Ministerio Público y la justicia deciden su situación legal. Las normas indican que esta privación de libertad no debe exceder las ocho horas. En la FELCC de La Paz se construyeron cinco celdas, pero funcionan sólo dos, una para mujeres y la segunda para hombres. Los otros tres se convirtieron en depósitos de objetos y herramientas de trabajo fuera de uso.

El hedor a orín es más intenso dentro de la celda colectiva de varones, que mide alrededor de 7 metros por 4. Al fondo, a falta de catres, una especie de divisiones empotradas en la pared que pueden utilizarse como cama, por si un detenido debe pernoctar allí. El único baño está sin puertas.

El de las mujeres es mucho más pequeño, aunque igual de fría, sucia, oscura y sin ventanas. Del baño sólo queda el inodoro. Allí no existe ni un colchón. Todos los detenidos, incluidos antisociales, comparten un mismo ambiente.

Descuido. Jorge Oporto, jefe de la unidad nacional de Programas Especiales de la Defensoría del Pueblo, comprobó que en diferentes centros de detención está deteriorada la infraestructura, no se cuenta con baños higiénicos o, si es que hay, son para ambos géneros.

“Son recintos donde no existen las condiciones para los detenidos. Las celdas de detención precarias en el área rural son las peores”, resaltó el funcionario.

La Defensoría conoce que quienes llegan a pernoctar en una de las celdas tienen que hacerse traer hasta sus propios colchones.

Además, puso en evidencia la violencia física en algunos lugares contra los privados de libertad y la ilegalidad que se comete cuando son retenidos por más de ocho horas, pese a las normas.

El nuevo director nacional de la FELCC, coronel Jorge Toro, dijo estar consciente de las condiciones de infraestructura y pidió colaboración para realizar mejoras. “No se tienen las condiciones para un trato humano. Vamos a pedir a las instancias correspondientes que mejoren las celdas”, dijo.

Propuso construir calabozos individuales y colectivos más amplios, con servicios higiénicos y mayor comodidad. También pidió aplicar la valoración médica y psicológica que establece el Código de Procedimiento Penal para los arrestados preventivos sospechosos de la comisión de un delito, con el fin de proteger sus derechos, para evitar suicidios o agresiones. Mientras tanto, dijo que apelará a recursos propios para realizar mejoras en las celdas.

Otros jefes policiales dijeron que la situación de las 21 celdas que hay en el interior del país es la misma, hay descuido.

El director de la FELCC de La Paz, coronel Hernán Rodríguez, reconoció que existen debilidades en la infraestructura. “La Policía ejecuta mecanismos de control y mecanismos conforme a lo que establecen los estándares internacionales para la seguridad de las personas que ingresan”, sostuvo.

DDHH. La posición del abogado Jorge Quiroz, especialista en derechos humanos, es similar. “Estos lugares no cuentan con servicios higiénicos ni con las mínimas condiciones como para poder pernoctar una noche o unas horas. Son sitios donde se violan los derechos humanos de manera legal. Y cuando eso ocurre, nos estamos apartando cada día más del Estado de derecho en el que debemos vivir”, lamentó.

Según el manual de la Buena Práctica Penitenciaria de las Naciones Unidas, cada detenido tiene derecho a la vida y a la seguridad, a no ser torturado o maltratado, derecho a la salud y respeto a la dignidad humana, entre otros.

Un policía que no quiso identificarse aseguró que el que más sufre por esta situación es el “cabo de llaves”, que debe permanecer trabajando a un paso de allí.