"Chile se ha comprometido más específicamente, a través de acuerdos, práctica diplomática y una serie de declaraciones de sus más altos representantes, a negociar una salida soberana al mar para Bolivia", dijo el portavoz internacional de la demanda marítima boliviana.

La demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para obligar a Chile a dialogar una salida soberana al Océano Pacífico no pide en ningún acápite la revisión del Tratado de Paz y Amistad de 1904 como señala la excepción preliminar de impugnación que presentó el 15 de julio la administración de Michelle Bachelet.

Luego de la decisión de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de impugnar la competencia de la CIJ en el proceso marítimo que le instauró el gobierno de Bolivia, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, señaló que esta postura busca el respeto de los Tratados vigentes entre ambos países.

Según Chile, el pedido de incompetencia se basa en exigir el respeto de los Tratados, en el marco de lo que establece el artículo VI del Pacto de Bogotá, que es el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y por medio del cual un país puede acudir a la CIJ para el arreglo de controversias mediante procedimientos pacíficos.

Es decir que aquello que ha sido zanjado por Tratados no puede ser conocido por la Corte.

El artículo 6 del Pacto de Bogotá establece que "tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o Tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente pacto".

Para Bolivia estos argumentos no son sustentables y considera que su memoria, que presentó el mandatario Evo Morales el 15 de abril pasado, está "bien fundamentada" porque no toca a ningún Tratado.

Lo que decidió la presidenta Bachelet no fue sorpresa, dijo a Xinhua el portavoz internacional de la demanda marítima de Bolivia y ex presidente (2003-2005), Carlos Mesa.

Explicó que la argumentación de Chile tiene dos direcciones. Un primer enfoque es que Chile pone en cuestión a la CIJ al presentar una excepción de incompetencia que desconoce la jurisdicción de la Corte en un tema en el que Chile y Bolivia son parte firmantes del Acuerdo de Bogotá de 1948 y miembros de Naciones Unidas.

Una segunda opción es que Chile presente un recurso de excepción de incompetencia por "inadmisibilidad", es decir "lo que Bolivia plantea no es consistente por tanto la CIJ no debe considerarse".

Mesa dijo que la diferencia entre esta dos posibilidades es que al desconocer la jurisdicción significa "no reconozco a la Corte como el instrumento que tiene capacidad de juzgar en caso de que Chile así lo asuma, es decir no reconozco a la Corte como la adecuada para decidir un tema que concierne con Bolivia".

La segunda posibilidad significa que Chile manifieste que los argumentos de Bolivia no son consistentes, por tanto no amerita que la CIJ considere este caso.

Tratado en cuestión. Con respecto a la idea de que la demanda deriva hacia el Tratado de 1904, como infiere Chile, el ex mandatario boliviano Mesa destacó: "Estamos hablando de una vocación pacífica del país, que lo que le pide a la Corte Internacional de Justicia de La Haya es un fallo que obligue a Chile a negociar en la medida, en el contexto de un diálogo de buena fe; un diálogo para buscar una solución a nuestra mediterraneidad en función de nuestra soberanía, no así la revisión del Tratado".

En el artículo 31 del texto presentado en La Haya, en la sección "IV. Bases legales sobre las que la demanda se encuentra fundamentada", Bolivia alega: "Los hechos relatados muestran que, más allá de sus obligaciones generales conforme al derecho internacional, Chile se ha comprometido más específicamente, a través de acuerdos, práctica diplomática y una serie de declaraciones de sus más altos representantes, a negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Chile no ha cumplido esta obligación y, lo que es más, al presente Chile niega la misma existencia de su obligación".

En lo relativo a la insistencia de las autoridades chilenas sobre que la demanda marítima boliviana de todos modos derivará en la revisión del Tratado de 1904, el ex canciller Armando Loaiza explicó a Xinhua que la primera referencia de negociación de algo entre Bolivia y Chile no es el Tratado de 1904, sino un hecho más cercano en la historia: Charaña.

"En la negociación de Charaña (1975 entre Hugo Banzer y Augusto Pinochet) no se negoció el Tratado, se negoció otra hipótesis que es la salida al mar por un corredor al norte de la ciudad de Arica; la única viable en mi concepto, para que no se divida el territorio chileno; y eso no implicaba exactamente negociar el Tratado de 1904".

"Allí hubo una actitud mucho más amplia de Pinochet, que se anima a negociar, otorgar soberanía a Bolivia contra la prestación de un canje territorial; antes no se había llegado tan lejos", indicó.

A su vez el ex canciller Marcelo Ostria dijo que el tratado de 1904 no tiene nada que ver con la demanda marítima que interpuso Bolivia en contra de Chile.

Según Ostria, la posición asumida por la mandataria chilena responde a un problema político de imagen, tras lo ocurrido con el litigio marítimo con Perú y por la presión interna que hubo por parte de autoridades influyentes en ese país.

En criterio del ex diplomático, sería funesto que la CIJ de La Haya acepte el planteamiento de Chile "porque Bolivia no pide modificar el Tratado de 1904 sino que exige obligar a Chile a dialogar pacíficamente una salida al mar, como ofreció ese país en varias oportunidades y gobierno".

Por su parte, el ex canciller Javier Murillo de la Rocha dijo que la determinación de Chile de objetar la competencia de la CIJ por la demanda marítima revela desconfianza sobre la solidez de sus argumentos para enfrentar la etapa de la contramemoria.

Considera que en caso de que la Corte acepte el planteamiento de Chile la demanda interpuesta en esta instancia quedaría sin efecto, pero dijo también que esa posibilidad es nula, ya que ante todo está la imagen de este organismo internacional y los argumentos bien planteados por Bolivia.

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, expresó la confianza del gobierno porque la CIJ rechace la impugnación de Chile y enfatizó que la demanda boliviana no plantea la modificación del Tratado, "es un artificio chileno para ganar tiempo y pretender desvirtuar el fondo de la memoria boliviana".