Rio de Janeiro. Brasil planea expandir una redada contra compañías que patentan productos fabricados de plantas y animales exóticos sin compensar adecuadamente al país sudamericano o a sus comunidades indígenas.

La lucha contra la "biopiratería" ha ganado el apoyo de comunidades indígenas y defensores del Amazonas que dicen que las corporaciones se benefician injustamente de medicamentos y otros productos derivados de las plantas exóticas, serpientes venenosas o ranas de colores brillantes de Brasil.

Pero el esfuerzo ha provocado críticas de quienes consideran que reduce la velocidad de cruciales investigaciones científicas y ataca arbitrariamente a empresarios que podrían desarrollar negocios ambientalmente sustentables.

Brasil ha recaudado más de 100 millones de reales (US$59 millones) en multas desde julio sobre compañías acusadas de no pagar una compensación justa por el uso de material genético nativo de Brasil, dijo Bruno Barbosa, quien preside la inspección para la agencia de supervisión ambiental Ibama.

El próximo año, los funcionarios comenzarán a atacar a compañías que no notifiquen al Gobierno del uso de especies locales para crear productos como los farmacéuticos, como es requerido por la ley. Ello implicaría que las multas podrían aumentar.

"Dado que (combatir la biopiratería) es un nuevo proceso y que Brasil tiene una de las mayores reservas de biodiversidad en el mundo, creo que la mayor parte de esta actividad es ilegal, y vamos a encontrar a esas personas", señaló.

Barbosa dice que los ejemplos de biopiratería abundan, como el desarrollo en la década de 1970 del medicamento para la hipertensión captopril de un veneno de serpiente que grupos indígenas usaban en las puntas de flechas.

Las compañías farmacéuticas también usaron a la rana Kambo, hallada en el estado brasileño de Acre en el Amazonas, para crear medicamentos anti-inflamatorios sin distribuir los beneficios a los residentes locales, indicó. Muchos de esos incidentes ocurrieron antes de un decreto en 2001 que creó las reglas actuales.

El Gobierno aumentó este año el esfuerzo anti-biopiratería con una campaña conocida como "Operación Nueva Dirección" que apunta a hacer una redada sobre lo que llama acaparación.

Las multas en 2011 podrían ascender a US$29 millones cada una y las compañías enfrentarían la posible cancelación de patentes en Brasil si los inspectores descubren que no registraron el uso de especies locales.