Ivo Lubrinna lleva más de 30 años buscando oro en la selva brasileña. Es un negocio complicado: hay que escarbar el piso y las riveras de los ríos usando mercurio y otros contaminantes para separar el metal precioso del lodo.

Durante las últimas dos décadas, Lubrinna ha tenido además un segundo empleo: secretario de medio ambiente en su ciudad de 100.000 habitantes ubicada en la entrada del parque nacional más antiguo de Brasil, así como de otra media decena de reservas naturales en la Amazonia.

¿Su misión? Proteger la zona de la depredación de madereros, cazadores, colonos irregulares y... buscadores de oro. Su doble papel le obliga a dividir la jornada de trabajo: por la mañana es regulador y por la tarde minero. "Al comienzo del día tengo que portarme bien", dice el hombre corpulento y calvo de 64 años. "Por la tarde hago lo mío".

Hasta hace poco el aparente conflicto de intereses no importaba demasiado en este rincón de la Amazonia donde la ley se aplica sin demasiado rigor y son frecuentes los conflictos violentos por tierras o recursos.

La protección de la Amazonia era asunto de Ibama, la respetada agencia federal.

Pero la presidenta Dilma Rousseff cedió el año pasado buena parte de la supervisión ambiental a los funcionarios locales. De las 168 oficinas de campo que Ibama tenía hace unos años en Brasil, 91 fueron cerradas, según empleados de la agencia.

Lubrinna dice que los agentes del Ibama solían multarlo a él y otros mineros por violaciones ambientales. Ahora, él es el jefe del equipo que inspecciona los sitios de exploración ilegal. Y hasta el momento, cuenta, ha aplicado pocas multas.

La descentralización de las inspecciones ambientales es uno de los muchos cambios introducidos por la administración de Rousseff. En su conjunto, representan un relajamiento tras dos décadas de progresivos controles ambientales por parte del gobierno federal.

Rousseff goza de un envidiable nivel de popularidad de 77%, según una encuesta de junio

En los 19 meses desde que Rousseff asumió el poder, viejas reglas para contener la deforestación y proteger millones de kilómetros cuadrados de riveras fueron revertidas. Un decreto presidencial redujo o reclasificó siete bosques protegidos para permitir la construcción de represas hidroeléctricas y otros proyectos de infraestructura, permitiendo además la legalización de asentamientos de granjeros y mineros.

Rousseff casi paralizó el proceso de designar tierras para la creación de parques naturales, reservas de fauna y otras "unidades de conservación", revirtiendo el rumbo de los tres gobiernos anteriores.

Necesidad económica. La presidenta es clara en su razonamiento: fomentar el desarrollo de la selva amazónica, un área siete veces del tamaño de Francia, es esencial para mantener el ritmo de crecimiento económico que en la última década sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza y convirtió a Brasil en la sexta economía más grande del planeta.

El gobierno pretende construir 21 represas en la Amazonia hasta 2021 a un costo de 96.000 millones de reales (US$48.000 millones), un plan diseñado por Rousseff cuando trabajaba para el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su mentor.

Las represas, dice, son necesarias para cubrir la demanda energética de la creciente masa de consumidores del país.

Y Brasil tiene todavía 60 millones de personas viviendo bajo la línea de pobreza. "Necesito explicarle a la gente cómo va a comer, cómo va a tener acceso a agua, cómo va a tener acceso a energía", dijo la presidenta en un discurso en abril.

A muchos brasileños les gusta ese mensaje. Rousseff goza de un envidiable nivel de popularidad de 77%, según una encuesta de junio.

Además recibió 83% de sus donaciones de campaña para las elecciones de 2010 de corporaciones, principalmente de alimentos, agricultura, ingeniería y otros negocios que deberían beneficiarse de los proyectos de infraestructura en la Amazonia, según un estudio de documentos electorales revisados por el blogger y analista José Roberto de Toledo.

Los asesores de Rousseff niegan cualquier sugerencia de retribuciones. Otros candidatos, apuntan, también recibieron aportes del mismo tiempo de compañías en proporciones similares.

El movimiento ambientalista de Brasil está horrorizado. Las políticas de Rousseff, dicen, ponen en peligro la mayor selva del mundo, reserva de una octava parte del agua potable del planeta, una importante fuente de oxígeno y de innumerables especies animales y vegetales raras o simplemente aún desconocidas, además de decenas de miles de indígenas. Las ganancias de corto plazo, dicen los críticos de Rousseff, no justifican el potencial costo de largo plazo para el medio ambiente global ni para la economía brasileña.

"Este es un gobierno dispuesto a sacrificar los recursos por miles de años a cambio de unas pocas décadas de beneficios", dijo Marina Silva, una ex ministra de Medio Ambiente y pionera del movimiento ambientalista en Brasil.

La carrera por explotar la región ya tiene algunos focos de tensión.

El más conocido es Belo Monte, un proyecto de 26.000 millones de reales (US$13.000 millones) para construir la tercera mayor represa del mundo en el río Xingú, un afluente del Amazonas en Pará, el mismo estado donde está situada Itaituba.

Blanco de una intensa cobertura en los medios, acciones judiciales y de una oposición de alto perfil que incluye a figuras de Hollywood como el director James Cameron, Belo Monte desplazará a miles de indígenas.

El proyecto ya está atrayendo a miles de inmigrantes a Altamira, un poblano cercano en medio de la selva donde los precios de la comida y la vivienda se han más que duplicado en el último año.

En el estado de Acre, en el margen occidental de la Amazonia brasileña, la salida de los agentes del Ibama abrió la puerta a incursiones y disputas entre madereros y traficantes de drogas del vecino Perú que amenazan Serra do Divisor, un parque creado hace una década.

Y en el estado de Maranhao, rancheros, madereros e indígenas chocan frecuentemente en torno a la reserva natural de Gurupí, donde la tala ilegal ha afectado hasta 70% de los bosques en un proceso que, según los científicos, está generando que un clima más árido se expanda rápidamente hacia la región más alejada del nordeste de Brasil.

Las dinámicas puestas en marcha por el cambio de políticas de Rousseff son visibles en el Parque Nacional de la Amazonia, un área de selva del tamaño de Jamaica en la rivera occidental del río Tapajós.

Amazonia fue el primer parque nacional de la región, creado en 1974 por la dictadura militar para mitigar el impacto de las políticas que había estimulado los asentamientos de inmigrantes pobres en la zona.

A fines de los años 80 y durante la década siguiente, el parque se benefició de la política ambiental de los nuevos gobiernos democráticos, considerada una de las más agresivas de la época y aplicada por agentes federales. Durante la última década, Lula reforzó la vigilancia en los parques y logró reducir el ritmo de la deforestación a mínimos históricos.

Pero el boom económico durante la presidencia de Lula cobró su precio. A medida que Brasil se convirtió en el mayor exportador de carne y soja del mundo, la selva sucumbió a la deforestación para abrir espacios para la agricultura.

En las colinas cerca de Itaituba continuó la tala de árboles y la minería, en algunos casos legal y en otros no.

Para poner orden, el gobierno creó en 2006 una zona de exclusión de seis reservas en tierras cercanas, un área seis veces más grande que el propio parque de la Amazonia, donde la actividad podía ser regulada.

Aguas revueltas. Cuando María Lucia Carvalho asumió el cargo de directora del parque de la Amazonia, hace tres años, estaba ansiosa por atraer más visitantes y poner fin a los abusos. Con agentes del Ibama en las inmediaciones para ayudar a sus funcionarios a mantener a raya los asentamientos y cazadores, "realmente tenía esperanza", explica.

Pero la sensación no duró mucho. A comienzos de 2010 escuchó rumores de que una de las represas sería construida dentro del parque, en los rápidos del río Tapajós. En un punto donde el río tiene tres kilómetros de ancho, los rápidos albergan varias especies de peces exóticos, son un punto crucial para la migración del pez gato y un santuario para animales amenazados de extinción como el jaguar y la ararajuba o periquita dorada.

Unos meses después, los guardas del parque sorprendieron a trabajadores de la compañía eléctrica del estado realizando una supervisión no autorizada en la zona y los multaron.

Después que Carvalho habló en televisión contra el proyecto, fue citada por el jefe del servicio nacional de parques para una reunión en Brasilia, la capital. "Me dijeron que era un plan del Gobierno y que yo era el Gobierno y por lo tanto no podía criticar el proyecto", dijo.

El servicio de parques declinó comentar sobre la reunión.

En diciembre del año pasado, Rousseff promulgó la ley que entrega al estado y los gobiernos locales la autoridad sobre las tierras no federales. En la visión de Brasilia, las autoridades locales están mejor posicionadas para garantizar que madereros, mineros y otros que explotan los recursos naturales lo hagan con las licencias adecuadas y en las áreas donde esas actividades están permitidas.

Otros, sin embargo, dicen que las autoridades locales carecen de los recursos necesarios para supervisar la Amazonia y que son más susceptibles a intimidaciones y sobornos. Las dimensiones del área hacen que patrullar la Amazonia sea un desafío titánico.

En apenas unos meses, los agentes del Ibama recogieron sus cosas y se largaron de Itaituba, dejando a Carvalho y sus colegas del servicio de parques abandonados a cargo de vigilar la zona junto con Lubrinna, el secretario de medio ambiente y también minero, y un puñado de sus hombres.

Lubrinna dice que pasa tanto tiempo supervisando a sus equipos de mineros como en su función municipal. El funcionario declinó varios pedidos de un reportero de Reuters para visitar sus operaciones de minería, que describió como un área de 180 kilómetros cuadrados al sudoeste de Itaituba, la mayor parte en una selva nacional.

Los permisos de minería son difíciles de obtener, dice, y el suyo no cubre toda el área donde opera. "El gobierno crea leyes que son difíciles de seguir", explica. "La gente como yo tiene que ganarse la vida".

Árboles caídos. Rousseff citó recientemente cifras que muestran que el ritmo de deforestación en la Amazonia cayó a un mínimo histórico en los 12 meses terminados en julio de 2011, el último período del que hay información disponible. El área total deforestada, unos 6.400 kilómetros cuadrados, era 77% menor que en 2004, una tendencia que, según datos preliminares, ha continuado en meses recientes.

Los críticos dicen que aún es demasiado pronto para ver el impacto de su agenda. "Los números van a ir en la dirección opuesta", dice Adriana Ramos, del grupo ambientalista Instituto Socioambiental. "Ellos están cambiando la arquitectura y las regulaciones que llevaron a esa disminución".

Los cimientos de esa arquitectura están en el "código forestal", un conjunto de leyes inalteradas durante décadas que determina el porcentaje y tipo de bosques que los agricultores y compañías madereras y otros deben preservar.

El poderoso lobby agroindustrial de Brasil presionó con éxito para introducir cambios que fueron aprobados más temprano este año por el Congreso. Aunque Rousseff vetó partes del proyecto que habrían resultado en una amnistía para los abusos cometidos en el pasado, está negociando con legisladores algunos cambios que, en opinión de los ambientalistas, podrían facilitar la tala de árboles en zonas hasta ahora protegidas.

Cuando un guardaparque visitó recientemente a José Lopes da Silva, un ocupante ilegal en el margen oriental del parque Amazonia, el granjero se quejó sobre una multa de 15.000 reales (US$7.500) recibida el año pasado por talar árboles en el borde de sus campos de maíz. "¿Por qué me multan?", preguntó. "Si están a punto de cambiar la ley".

"La ley es todavía la ley", le respondió el guarda forestal.

Cerca de Campo Verde, una parada de camiones a unos 30 kilómetros al sudeste de Itaituba, jeeps y camionetas desvencijadas se desplazan durante el día por la autopista. Al caer la noche, enormes camiones emergen de los senderos de los madereros y se adentran en las zonas protegidas.

Cargados con troncos de un diámetro mayor al de sus propias ruedas, los camiones se dirigen a toda prisa hacia el oeste rumbo a depósitos a lo largo del río Tapajós.

Con pocos agentes federales sobre el terreno para patrullar las reservas, la destrucción se transforma en algo aparente sólo cuando el área es suficientemente grande para ser detectada, si es que no está cubierta de nubes, por satélites o caros vuelos en avioneta. Como los gobiernos de los estados entregan licencias a los depósitos de madera, los agentes federales las inspeccionan con menos frecuencia.

"¿Qué sentido tiene si ya no somos la máxima autoridad?", dice un agente federal que pidió no ser identificado.

El trabajo se ha vuelto además muy peligroso, porque los hacendados, maderos y sus matones suelen chocar por tierras.

En marzo, hombres armados emboscaron a agentes del servicio de parques que regresaban de una operación en un campamento de madereros ilegales dentro de una reserva natural al sur de Itaituba. Los agentes lograron resistir el ataque.

El año pasado, pistoleros mataron a un activista ambiental en Pará y a su mujer después que la pareja denunció la tala ilegal de árboles cerca de donde vivían.

João Carlos Portes, un sacerdote católico en Campo Verde, dice que hombres armados amenazaron recientemente con "rociar la congregación con balas" después de que negó una misa fúnebre para un maderero y asesino confeso abatido por rivales.

Portes, que es el representante local de la Comisión Pastoral de la Tierra, un grupo religioso que trabaja para reducir la violencia, el trabajo esclavo y otros abusos en las zonas rurales de Brasil, dice que los cambios recientes en la política ambiental significan que "las cosas aquí sólo van a empeorar".

Lucha inútil. Rousseff anunció en enero la orden ejecutiva que secciona partes del territorio del parque de la Amazonia y otras seis reservas para construir represas y legitimar asentamientos ilegales. Aunque la medida enfrenta todavía varios recursos legales, el Congreso la transformó en ley en junio.

La represa hidroeléctrica en el Tapajós inundará una gran área de bosques además de Pimental, una aldea de unos 800 pescadores y pequeños agricultores en el margen oriental del río.

Los habitantes están furiosos porque el Gobierno todavía no les dio detalles sobre la represa, ni les explicó si serán evacuados o recibirán algún tipo de compensación. "Estamos completamente en la oscuridad", dice Luiz Matos da Silva, un agricultor y tendero de 53 años en Pimental.

Algunos residentes persiguieron recientemente a contratistas de la compañía eléctrica hasta echarlos del lugar y destruyeron mezcladoras de cemento que los obreros había traído a la región.

El ministerio de Energía de Brasil dice que los detalles finales del proyecto, que debe estar listo en 2017, están todavía siendo estudiados.

La autorización de Rousseff al proyecto acabó con lo poco que quedaba del entusiasmo con el que Carvalho asumió la dirección del parque de la Amazonia y la funcionaria pidió ser transferida a una reserva en el árido nordeste de Brasil.

"Allá no pueden construir una represa", dice. "Aunque, quién sabe, quizás construyan una planta nuclear".

Mientras tanto, agentes del Ibama detuvieron en junio en el aeropuerto de Belém, la capital de Pará, a un hombre que viajaba con una nevera portátil conteniendo el cuerpo congelado de una tortuga amazónica amenazada de extinción. Los agentes incautaron los restos del animal, multaron al hombre con 5.000 reales y presentaron cargos criminales.

¿Adivinen quién transportaba la tortuga? Ivo Lubrinna. El jefe de recursos ambientales de Itaituba explicó que la carne de tortuga iba a ser servida en una fiesta para su hijo. Lubrinna dice que apelará la multa y los cargos.

Añade, además, que aunque fuera una tortuga amenazada de extinción, en la Amazonia comerla es "culturalmente aceptable".