Roma. Un cardenal italiano, implicado en una gran investigación por corrupción que ya ha salpicado al Gobierno, dijo este lunes que no había hecho nada malo y que contaba con el respaldo del Vaticano.

"Hice todo con la máxima transparencia", dijo el cardenal Cresenzio Sepe, arzobispo de Nápoles, que está siendo investigado por transacciones inmobiliarias dudosas cuando era un alto funcionario vaticano en 2005.

Sepe, de 67 años, está siendo investigado por supuesta corrupción cuando dirigía la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, un departamento vaticano que financia el trabajo de las misiones en el extranjero.

Sepe, que dirigió el departamento hasta que se trasladó a Nápoles en 2006, es sospechoso de corrupción agravada junto con Pietro Lunardi, entonces ministro de Transporte e Infraestructuras del Gobierno de centroderecha de Silvio Berlusconi.

"Siempre he actuado honradamente, mi único propósito era el bien de la Iglesia", dijo en una rueda de prensa en Nápoles, añadiendo que había recibido decenas de llamadas de apoyo de funcionarios de la Iglesia italiana y del Vaticano.

Los magistrados dicen que Lunardi compró un edificio en Roma al departamento de Sepe en 2004 a un precio bastante inferior al valor de mercado.

Sin embargo, Sepe dijo que el precio fue ese porque el edificio estaba en muy mal estado y que su departamento no podía afrontar el arreglo.

Sepe dijo que sólo después de tomar la decisión de la venta supo que Lunardi había tenido interés en comprarlo.

El año siguiente, cuando Lunardi era ministro, aprobó un decreto destinando fondos para la restauración de edificios eclesiásticos históricos, entre ellos la sede del siglo XVI del departamento de misiones en Roma.

Sepe dijo que ambos actos no estaban relacionados y que el dinero recibido de la venta fue enviado al Vaticano para que allí fuera usado para apoyar misiones católicas en el extranjero.

Red de favores. Los magistrados de la ciudad de Perugia, en el centro de Italia, han investigado una red de corrupción y favores que implican contratos de obras públicas, en su mayoría construcción de grandes sedes, como la de la cumbre del G-8 el año pasado y las celebraciones del Milenio.

Sepe dijo que cooperaría con los magistrados, pero aún no está claro si utilizaría su condición de ciudadano vaticano, lo que obligaría a los magistrados a iniciar un largo proceso burocrático para interrogarlo.

El mes pasado, la investigación de Perugia pidió la cabeza de Claudio Scajola, estrecho aliado de Berlusconi, que dimitió como ministro de Industria.

Scajola renunció después de que se descubriera que los cheques por valor de 900.000 euros (US$1,11 millones) que se usaron para comprar su lujoso apartamento en Roma -que tenía vista al Coliseo- procedían de un constructor arrestado en la investigación de corrupción política.

Scajola niega haber actuado fuera de la ley.