Quito. La violencia contra la mujer en el Ecuador fue motivo de debate entre funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Consejo de la Judicatura, y la academia, en el programa Pulso Político, televisado este domingo por el canal TC Televisión.

Un número cercano a los tres millones de mujeres ecuatorianas sufren algún tipo de violencia; no obstante, el número de denuncias no refleja esa realidad, pues la justicia apenas registra 600 mil causas de familia, de las cuales 50% se relacionan a mujeres y 49% a juicios de alimentos.

Por regiones, la provincia con menor registro de violencia a la mujer es Santa Elena, con 47,1%, Tugurahua y Pichincha con 70%, y la provincia con mayor violencia femenina, Morona Santiago, que alcanza 72,6%.

Por grupos étnicos, las mujeres indígenas son las que más sufren violencia, con 67,8%; afroecuatorianas con 66,7%, montubias 62,9%, blancas 59,7% y mestizas 59,1%.

“Lo más grave”, para Byron Villacís, director del INEC, “es que estas cifras podrían estar subestimadas”, pues según el funcionario, en varias zonas del país algunas prácticas de violencia no se asumen como tal.

El programa presentó cifras que alertan a las autoridades y a la ciudadanía, en un momento político en que se ha oficializado la intención de erradicar la violencia de género en este país.

Por ejemplo, las estadísticas comprueban que el 52,5% de las mujeres violentadas no se separan de su pareja porque consideran que sus problemas son menores y se pueden superar, piensan que es parte de la convivencia familiar.

Todos esos datos fueron obtenidos de una encuesta nacional, que también demuestra que si en la infancia hubo violencia, aumenta al doble lala probabilidad de que se repita ese fenómeno en la edad adulta.

“No es una cuestión de la familia y el hogar, tiene una estrechísima relación con la seguridad ciudadana (política pública), porque se fomenta el criterio de que la violencia es normal”, mencionó Byron Villacís.

Tania Arias, vocal del Consejo de la Judicatura, dijo que “una restructuración de la justicia que no garantice el acceso a grupos vulnerables es un proceso incompleto, por eso estamos convergiendo más de 10 instituciones, la Fiscalía, defensoría pública, el consejo de la Judicatura, red de juzgados y tribunales y unidades judiciales especializadas que debemos implementar (…) el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Policía, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia”.

Lautaro Ojeda, catedrático universitario observó que hay temas estructurales contra las mujeres. “Yo quisiera agregar un mito, que el que maltrata es un ser enfermo. Hay condiciones sociales que llevan a eso, una sociedad inequitativa y pobre y donde la justicia no es lo que queremos, con una escuela maltratante, un sistema de salud excluyente, son condiciones estructurales que se presentan en este fenómeno”.