Santiago. Camino al malogrado aeropuerto de Santiago, acopios de escombros crecen cada día en señal de que la capital de Chile intenta sacudirse del polvo y ruinas dejadas hace un mes por un devastador terremoto, y varios tsunamis en el centro y sur del país sudamericano.

Con la decisión tomada hace unas semanas de los equipos de rescate de abandonar las tareas de hallazgo de sobrevivientes y una menor intensidad en la búsqueda de cadáveres, especialmente en las costas, el país intenta ahora ponerse de pie e iniciar su millonaria reconstrucción pese a las latentes réplicas.

Sebastián Piñera, quien asumió el 11 de marzo la presidencia de la nación en un acto en el puerto de Valparaíso, entre réplicas y una alerta de tsunami, aseguró que su foco estará en la reconstrucción, en un giro de lo que promocionó en su campaña como su plan de gobierno.

"Ahora se inicia una segunda etapa (tras la emergencia), que es la urgencia de dar techo y no permitir que el invierno asole a cientos de miles de familias que perdieron sus viviendas", dijo Piñera en un acto público esta semana.

"(También debemos) restablecer el normal funcionamiento de nuestras escuelas, recuperar la capacidad de atender a nuestros enfermos (...) recuperar la conectividad para que el aparato productivo se vuelva a poner en marcha, son las grandes tareas del otoño e invierno (austral)", agregó.

Piñera busca dar vuelta a la página manchada por saqueos, toques de queda y ollas comunes días después del sismo de magnitud 8,8 y de las olas que durante la madrugada del 27 de febrero dejaron pueblos por el suelo o borraron del mapa a decenas de villas costeras.

El debut del nuevo gobierno no ha estado exento de tropiezos, como por ejemplo la corrección de la cifra de fallecidos, que de 500 bajó a 342, aunque en el ocaso de la administración de Michelle Bachelet se informó de 800 muertos.

Ecos de alerta fallida. Cuando aún no se cumplía un mes del devastador desastre, familiares de víctimas de los tsunamis presentaron las primeras demandas contra el Estado, debido a que organismos claves no alertaron a tiempo sobre las grandes olas que siguieron a uno de los mayores terremotos de la historia moderna.

Las demandas, que podrían salpicar hasta a la ex presidenta Bachelet, apuntan a la actuación de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) y a la unidad de la Armada a cargo de alertar maremotos (SHOA), ya que no se pusieron de acuerdo en la emisión de una alerta de tsunami.

La Armada expulsó el miércoles al jefe del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA), mientras que la directora de la Onemi renunció hace tres semanas.

Pero la caza de brujas apunta a decenas de constructoras, que ya comienzan a desfilar por los pasillos de los tribunales tras cientos de demandas por casas y edificios en mal estado.

"No vuelvo al departamento, aunque la constructora diga que va a arreglar los daños (...) Quiero mi dinero y nos estamos organizando con otros vecinos para presentar una demanda colectiva", dijo María Aburto, una farmacéutica que hoy vive en la casa de una hermana.

Datos preliminares de geólogos indican que la sureña ciudad de Concepción, la segunda mayor del país y una de las más golpeadas, se desplazó tres metros hacia el sudeste.

Santiago lo hizo medio metro, cuando centenares de réplicas aún sacuden el centro y sur del país, a lo que se suman cortes de luz que revivieron la angustia y el pánico.

El viernes, fue el turno del norte del país pues fue sacudido por un sismo de magnitud 6,2 que no dejó daños ni víctimas, pero recordó lo vulnerable del territorio chileno.

Entre los más afectados, hay quienes no quieren mirar atrás y casi con resignación en lo único que piensan es en cómo levantarse entre las ruinas.

"Tengo esperanza de que voy a salir adelante. De nada me sirve llorar, porque ya lloré. Ahora tengo que resignarme y mirar para adelante", dijo Geraldina Araya, una mujer que vive en una carpa tras ser devastado el pueblo de Doñihue en la zona central del país, donde el paisaje es un montón de escombros.

Un casco y un cronómetro. Un día después de asumir la presidencia, Piñera entregó a cada uno de sus ministros "un casco y un cronómetro" para iniciar las tareas de reconstrucción del peor desastre natural en medio siglo, cuyos daños se han estimado en US$30.000 millones, que serían absorbidos en un plazo de cuatro años.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, admitió que la economía chilena perdería un potencial de crecimiento de 1,5 puntos porcentuales de su Producto Interno Bruto (PIB) en el 2010 tras el terremoto y los tsunamis.

Unos US$3.700 millones deberán ser destinados a la reconstrucción de unas 150.000 viviendas. Los daños en redes viales alcanzan a US$1.637 millones, mientras que 25 hospitales están severamente afectados.

El 45% de los establecimientos educacionales tienen daños, con un costo de US$3.000 millones. Piñera dio plazo hasta el 26 de abril para que 590.000 estudiantes vuelvan a las aulas.

Aún en elaboración, el gobierno prepara un plan de reconstrucción financiado por una mezcla de fuentes para hacer frente a la tragedia.

Larraín dijo que se podría recurrir a un fondo de ahorros soberanos, emisión de deuda interna y externa, mientras que ya se hizo un reajuste fiscal de US$700 millones. Además se prepara un alza de impuestos y evalúa un gravamen especial a la minería, que resultó prácticamente ilesa tras el terremoto.

Las empresas forestales comienzan a ponerse de pie. La principal acería del país aún está parada, al igual que varias firmas pesqueras. Otro damnificado es el turismo, con hoteles casi vacíos y visitantes que han cancelado sus reservas.