La reforma busca una gestión equilibrada del agua, que garantice el derecho humano de acceso al agua para consumo, saneamiento y subsistencia.

Chile. Un importante avance logró la Comisión de Recursos Hídricos en el proyecto de ley  que modifica el Código de Aguas, puesto que tras la última sesión de la instancia, se discutieron las indicaciones que modifican el derecho real de aprovechamiento de agua, que buscaban rebajar de imprescriptible a 30 años este precepto.

Las indicaciones relativas al artículo 6° de este nuevo Código, que versa sobre el derecho de aprovechamiento, precisan que aquellos acreedores de una concesión de alguna fuente de agua, tendrán el derecho de poder solicitar una prórroga una vez que se termine el tiempo de uso que tienen sobre ésta.

La senadora Adriana Muñoz, que preside la Comisión de Recursos Hídricos del senado chileno explicó tras la sesión que “los nuevos derechos de agua van a tener un régimen distinto y eso nos da a nosotros la certeza de que estamos resguardando, desde la ley, el otorgamiento de un bien que es nacional de uso público y de todos los chilenos”.

Dentro de la discusión, quedo pendiente las condiciones necesarias para poder solicitar esta prórroga, puesto que desde la mirada del Ejecutivo debiese ser posible solicitar la prórroga aunque exista un cambio de uso, de disponibilidad o de sustentabilidad del bien, razones que no todavía no encuentran consenso dentro de los parlamentarios de la comisión.

El Director General de Aguas (DGA), Carlos Estévez, afirmó que  “un cambio en la finalidad o en los usos del agua, en un contexto de cambio climático, es obvio, uno debe adaptarse a las circunstancias y hacer los cambios que sean posibles, no debemos castigar la flexibilidad”.

Estévez hizo especial énfasis en la reforma que busca una gestión equilibrada del agua, que garantice el derecho humano de acceso al agua para consumo, saneamiento y subsistencia. Aclaró que “ante un escenario de cambio climático, una demanda cada vez mayor por agua y un código que tiene un enfoque casi exclusivo en productividad, buscamos promover su uso efectivo. Queremos castigar a los especuladores y titulares de derechos ociosos, quienes acaparan agua y no la utilizan, para que la devuelvan al Estado y sea redistribuida a quienes sí la necesitan y usan”.

En la mirada de la senadora Muñoz, estas condiciones debiesen ser más estrictas debido a que “estamos hablando de un bien nacional de uso público, escaso, por lo tanto nosotros tenemos que ser bastante exigentes con las condiciones.  No solamente es necesario establecer si se está haciendo uso del derecho, sino que también si se mantiene la finalidad para la cual se solicitó, porque yo puedo haber solicitado el agua para haber plantado arándanos, pero posteriormente me la puedo llevar a la minería”, puntualizó.

Explicó que el Estado podrá reservar aguas para consumo humano y que beneficia a los Comités de Agua Potable Rural para extraer aguas sin solicitar derechos cuando éstas se encuentren en terrenos del Comité, de sus socios o en bienes fiscales si cuentan con la servidumbre respectiva, entre otras disposiciones.

El gobierno de Michele Bachelet se comprometió a fortalacer el agua como bien nacional de uso  público. En ese sentido, la actual reforma está en tramitación desde 2014, recogiendo una iniciativa parlamentaria del año 2011.

Chile, al igual que Australia y California, en EE.UU. tiene un sistema de otorgamiento de derechos de agua a privados en el que el recurso hídrico, una vez que se desprende del Estado, pasa a ser un bien privado, posible de venderse o arrendarse. Y mientras el sector empresarial chileno atribuye a esta cualidad la base del desarrollo y certeza jurídica que goza hoy el país, organizaciones ambientalistas y ciudadanas lo consideran la raíz de la escasez hídrica y de las inequidades del sistema económico chileno.

La última reforma al Código de Aguas Chile se materializó en 2005, luego de 13 años de tramitación.