Bogotá. Para qué quedarse en el rancho si la tranquilidad ya no es un fruto que da la tierra, para qué luchar con los fusiles si ni el machete con hoja más fina podría frenar una bala. A una mujer, un vecino le dijo que la guerrilla pronto vendría a reclutar a su hijo, que huyera al día siguiente. ¿Dormir, cómo diablos? Una maleta, una bolsa de leche y cobijas para irse lejos, con su familia. A un hombre lo amenazaron por cuestionar su obligación de pagar a los paramilitares con las ganancias de su negocio y a otro, un policía de la ciudad se le declaró como un perseguidor eterno por delatar sus nexos con los narcotraficantes.

Las postales que ha dejado la guerra en Colombia se repiten hasta la náusea. Las lluvias de plomo que dejan los fuegos cruzados, los seres queridos que siguen siendo queridos pero a la distancia, las amenazas y el terror dejan en los registros el rastro oscuro de su paso.

De acuerdo con las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), hasta 2009 el conflicto colombiano deja cerca de 389.900 refugiados por fuera de sus fronteras, en 36 países, una cifra que resulta cruelmente baja si se compara con las 3.303.979 personas consideradas desplazadas internas.

Ecuador ha sido el principal receptor de los refugiados de Colombia, hoy el total asciende a 52.000, el 98% de los refugiados que alberga el país vecino. Según Acnur, casi 1.000 colombianos al mes entran a Ecuador para probar mejor suerte y buscar la calma que sólo podrían tener del otro lado del puente de Rumichaca.

No obstante, las investigaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) demuestran que el panorama o se estanca o empeora y pocas veces, muy pocas, mejora. Un estudio próximo a publicarse, en el que participaron 1.200 refugiados distribuidos entre Quito y Guayaquil, demostró que el 80% de ellos no tiene ninguna propiedad en Ecuador, mientras en Colombia el índice alcanzaba 64%. Sólo 1,2% de los refugiados en suelo ecuatoriano tiene vivienda propia.

Los testimonios del otro lado de la frontera señalan en algunas episodios discriminación y el asentamiento en zonas que rozan el límite de la miseria, con todo y que los refugiados son amparados por las leyes ecuatorianas y en teoría tienen las mismas facilidades que los nacionales. Los bancos no les otorgan cuentas ni préstamos y sus trabajos normalmente están ligados a la economía informal, al rebusque.

“La gente que va a Ecuador dispone de menos recursos institucionales y económicos que los de una persona que decide ir a refugiarse a Canadá, Estados Unidos, España o Costa Rica. A Ecuador se accede por tierra y la facilidad se extiende desde gente que vive en la frontera hasta quienes escapan de la violencia urbana en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Venezuela, en cambio, es mucho más estricta con el control migratorio”. Son las palabras de Marta Villa, investigadora de la Corporación Región con sede en Medellín y editora junto, a Pilar Riaño, del libro Poniendo tierra de por medio.

El tema de los refugiados, muchas veces invisible a los ojos de los observadores del conflicto, se ha convertido en un asunto determinante entre las relaciones bilaterales de Ecuador y Colombia. Incluso desde antes de que el presidente Juan Manuel Santos asumiera el poder, el presidente vecino, Rafael Correa, ya había señalado la necesidad de que el gobierno colombiano se corresponsabilizara por la suerte de esas más de 50.000 personas.

Ahora que el proceso del restablecimiento pleno de las relaciones entre los dos países es una suerte de carga que recae sobre los hombros de los cancilleres Ricardo Patiño (Ecuador) y María Ángela Holguín (Colombia) —con el bombardeo al campamento de Raúl Reyes a bordo—, los refugiados aparecen como una cuestión pendiente que exige una solución.

La analista de la Universidad Nacional Socorro Ramírez, conocedora de las relaciones entre los dos países, considera que este es el momento de zanjar las diferencias en esta materia: “Es un tema que los dos gobiernos tienen que identificar como prioritario. Ecuador ha expresado los costos que los refugiados colombianos le representan y que suman a las precarias condiciones de vida en varios sectores de la población ecuatoriana. Antes de que comience a ser problemático hay que darle la mayor importancia en la agenda”.

En efecto, según el director general de refugiados de Ecuador, Alfonso Morales, los 52.000 refugiados que ampara el Estado demandan anualmente un gasto de US$40 millones. “El Presidente ya ha dicho que vería con muy buenos ojos si el gobierno colombiano, como país emisor, resolviera apoyar económicamente la labor que adelanta el Ecuador con sus ciudadanos”.

Del otro lado del río, la canciller Holguín ha declarado que la intención de Colombia es la de lograr la repatriación voluntaria de los refugiados, su acomodo en terceros países y la cooperación internacional para las labores humanitarias que presta Ecuador. Pero, ¿los refugiados estarían dispuestos a regresar? No, al menos así lo sustenta la investigación de Flacso: volver a Colombia no está dentro de los planes del 84% de los 1.200 refugiados que participaron en el estudio.

La senadora colombiana Alexandra Moreno Piraquive argumenta que los refugiados son invisibles en Colombia y visibles en Ecuador, porque sencillamente se encuentran en un limbo que no los pone “ni aquí, ni allá”. Son colombianos que no pueden volver, tampoco su estatus los hace ecuatorianos, pero el país que los recibe es el que asume su suerte.

Los refugiados, los olvidados, son tan víctimas del conflicto como un ex secuestrado, un desplazado o el familiar de un asesinado. “Pero no aparecen en la ley de víctimas que actualmente se debate en el Congreso. Para acogerse a ella tienen primero que volver y registrarse como desplazados”, comenta la senadora.

Así pasa la vida de los miles de refugiados, para los que el norte del Ecuador es el sur de Colombia. De nuevo volverán a aparecer en el mapa y las cifras volverán a asumir su papel fiscalizador cuando los cancilleres Patiño y Holguín se reúnan el 30 de noviembre.