El Congreso Nacional se dispone a aumentar las penas por los delitos de homicidio cuando estos se cometen contra un policía, un juez o un fiscal del Ministerio Público, delito que será tipificado como terrorismo.

Actualmente la pena de prisión por homicidio simple es de 15 a 20 años, pero si se comete contra un operador de justicia la pena se aumenta de 30 a 40 años de reclusión.

La explicación la hizo el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, diputado Tomás Zambrano, al exponer las reformas que serían introducidas al Código Penal para endurecer las penas por delitos cometidos contra los operadores de justicia.

La reforma será aprobada una vez que se tenga la opinión de la Corte Suprema de Justicia, con la salvedad que la misma es complementaria a disposiciones que ya existen en la legislación penal hondureña.

Al respecto, el diputado Mario Pérez explicó que se ha solicitado a la CSJ y al Ministerio Público que pongan en práctica la figura de los jueces y fiscales virtuales.

En la actualidad la ley posibilita que se nombre un juez en otro país mediante el uso del internet para poder celebrar las audiencias y emitir las sentencias desde ese país, lo que el Estado se ahorraría mucho dinero en aspectos de brindar seguridad a estos operadores de justicia.

Pérez indicó que la figura de los jueces y fiscales virtuales ya está comprendida en la Ley de Protección de Altos Funcionarios del Estado que ya puede ser utilizada para impartir justicia.

Presupuesto. En cuanto a la protección de los defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, el diputado Zambrano informó que en el presupuesto del próximo año se asignará una partida de seis millones de lempiras (US$277.525) para ser operativa una ley que será aprobada al respecto.

Igualmente, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad apoyará con recursos de la tasa de seguridad estos procesos de protección, indicó Zambrano.

Detalló que existen tres iniciativas, dos de las cuales serán aprobadas esta semana: la reforma a la Ley de Protección a Altos Funcionarios del Estado, donde se incluye a los magistrados de la CSJ que están conociendo los casos de extradición.

Igualmente se clarificará la protección por parte del Estado a los fiscales y jueces con jurisdicción nacional que conocen causas de crimen organizado y delitos de alto impacto para que el Estado les pueda dar la protección debida en el desempeño y en el trayecto de su vida.

Agregó que la otra iniciativa que se discutirá esta semana, es el anteproyecto de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que ha sido sumamente consensuada.

Aseveró que esas dos iniciativas cuentan con el acompañamiento de los 128 diputados de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional.

Desde 2010, más de 80 abogados han sido asesinados. En el caso de los periodistas, desde el 2003 a agosto de este año, se contabilizaba la muerte de 47.

La mayoría de casos se encuentran en la impunidad, lo que contribuye al clima de inseguridad en el país.

El debate se ha reabierto luego del vil asesinato de las fiscales Marlene Banegas y Olga Eufragio, hecho ocurrido el pasado viernes en San Pedro Sula.