"Estamos en el proceso de acumular documentos, hablar con testigos de ambos lados, el criminal y el civil", dijo el fiscal general estadounidense Eric Holder.

Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a entrevistar testigos como parte de la investigación penal y civil por el derrame de petróleo que afectó al Golfo de México, dijo el fiscal general estadounidense Eric Holder en una entrevista emitida el domingo.

El departamento solicitó a las compañías incluyendo BP Plc y la firma que perforó el pozo, Transocean Ltd, que preserve documentos relacionados con la explosión de la plataforma petrolera y el consecuente derrame como parte de la investigación del gobierno.

"Estamos en el proceso de acumular documentos, hablar con testigos de ambos lados, el criminal y el civil", dijo Holder en una entrevista emitida en el programa "Face the Nation", de CBS.

"Hay una variedad de entidades y de personas que son los sujetos de esa investigación", señaló, de acuerdo a una trascripción divulgada por CBS. Holder declinó brindar un calendario para posibles acciones del Departamento de Justicia.

Holder defendió su decisión de tomar el llamativo paso de reconocer públicamente el 1 de junio que el Departamento de Justicia estaba investigando el derrame de petróleo. Habitualmente, la institución rechaza confirmar o negar tales investigaciones.

El fiscal dijo que era apropiado alertar al pueblo estadounidense sobre la investigación, que señaló que está destinada a asegurar que no haya pagos de impuestos por la limpieza "y asegurarse que hacía responsable a cualquiera que haya tenido responsabilidad por el derrame".

El Departamento de Justicia podría usar una variedad de cargos civiles y penales, desde violaciones a la ley para garantizar el agua limpia a la legislación sobre especies en peligro de extinción. Si se hallan violaciones, las penas podrían ser de miles de millones de dólares.

Además de pedir la preservación de documentos a las compañías implicadas en el derrame, el Departamento de Justicia ha pedido a BP y otras compañías implicadas que notifiquen al gobierno por anticipado sobre planes de adquisiciones, ventas de activos u otros movimientos financieros grandes.

BP ya ha acordado establecer un fondo de US$20.000 millones para ayudar a los afectados por el derrame, que ha afectado las costas de cada uno de los estados del Golfo de México.