Quito. A una semana del terremoto que sacudió Ecuador, con saldo de al menos 646 muertos, miles de heridos y una estela de destrucción, los ciudadanos intentan volver a la normalidad, todavía nerviosos y angustiados por las réplicas del sismo de 7,8 grados.

El movimiento telúrico, el peor de las últimas siete décadas, causó grandes daños en los balnearios costeros de Cojimíes y de Pedernales (norte), en la provincia de Manabí (oeste), y en la provincia de Esmeraldas (norte).

La devastación que causó la catástrofe se concentra justamente en varias poblaciones de esas dos provincias de la costa del Pacífico ecuatoriano, muy turísticas y populares por sus playas.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien personalmente constató los daños en las zonas afectadas durante esta semana, señaló que la mayoría de poblados están destrozados y que el país está "en crisis".

"La esperanza no la podemos perder, hoy más que nunca la esperanza en alto, la voluntad de superar estos momentos más difíciles", dijo Correa este sábado en su informe semanal de labores desde el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en Quito.

Según el último balance oficial del gobierno, se contabilizan 646 víctimas mortales, 12.499 heridos, 130 desaparecidos y 26.091 personas albergadas.

Estimaciones de costos de reconstrucción. El gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) informó este sábado que la reconstrucción tan solo de la infraestructura residencial afectada (viviendas, hospitales, escuelas) costará más de 1.300 millones de dólares.

La titular de la Senplades, Sandra Naranjo, dijo que se trata de "una primera aproximación", ya que la cifra final se conocerá en seis semanas, luego de que concluyan valoraciones técnicas con organismos internacionales.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la ONU asesoran al país en esta materia.

El presidente Correa agregó que la cifra "va a subir", debido a que faltan por evaluar los daños en la infraestructura de alcantarrillado y agua potable.

Una evaluación oficial realizada en diez ciudades de Manabí arrojó que más de un millón de personas estuvieron expuestas al terremoto, de las cuales el 42,3% ya estaba en condiciones de pobreza.

El estudio mostró que el 70% de las viviendas eran vulnerables y presentaban fallas y materiales débiles, mientras que otras eran irrecuperables.

La Senplades determinó que en Manabí unas 6.600 viviendas fueron afectadas y serán derivadas, además, sufrieron daños 6.622 edificaciones de salud y 281 instituciones educativas.

También resultaron dañadas 71 kilómetros de vías y se perdieron 7.081 kilómetros de tendido eléctrico y 180 estaciones móviles de comunicaciones.

La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), dispone la aplicación obligatoria de edificaciones con diseño sismo resistente, pero en la mayoría del país no se cumple y proliferan las construcciones informales.

El presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Silverio Durán, señaló que en Ecuador "no hay una cultura en la aplicación de las normas de construcción", lo cual explica el por qué miles de edificaciones quedaron en ruinas por el terremoto.

Rescate. El drama humano continúa en las zonas marcadas por la tragedia, mientras que más de 1.000 rescatistas del país y del extranjero prosiguen en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Según cifras oficiales, un total de 113 personas han sido rescatadas con vida.

El jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito, Eber Arroyo, afirmó que las probabilidades de rescatar a más personas con vida se reducen con el pasar de los días, pero no se pierde la esperanza.

Los rescatistas, apoyados con maquinaria pesada, equipos, y canes, desafían al peligro y soportan el fuerte olor de descomposición de cuerpos entre los escombros y ruinas de viviendas, centros comerciales, hoteles y edificaciones que se desplomaron.

El Instituto Geofísico (IG) explicó que el terremoto se produjo por el contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

Según el IG, ese contacto de placas movió una zona de 140 kilómetros de largo y unos 80 kilómetros de ancho en la costa ecuatoriana.

La sacudida sorprendió a los ecuatorianos y se sintió con fuerza en casi todo el país.

Además de Manabí y Esmeraldas fueron afectadas las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, declaradas en emergencia.

El Estado de Excepción, que rige en la nación, ha permitido canalizar la ayuda humanitaria y no ha sido necesario realizar requisiciones porque la ayuda sobra, según el presidente Correa.

"El país y el Estado funcionaron bastante bien, reaccionaron de manera eficaz" después de la tragedia, dijo el gobernante al informar que la ayuda nacional e internacional a los damnificados está llegando con víveres y vituallas.

El gobierno estableció como puntos fijos de entrega de ayuda a las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en las zonas afectadas para evitar la entrega desordenada que se evidenció en los últimos días.

Las fallas en la distribución llevaron a algunos damnificados a salir a otras localidades cercanas para poder conseguir algo de comer.

El mandatario delegó a sus ministros cada una de las zonas afectadas y evaluó que, a una semana de la tragedia, ya casi están reestablecidos los servicios de energía eléctrica, las comunicaciones y la provisión de agua potable.

Por su parte, el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas indicó este sábado que en la provincia de Manabí se recuperó la energía en 87% y en más del 90% el servicio de telefonía.

Rrecursos para enfrentar emergencia. Para encarar la emergencia el gobierno cuenta con una línea de contingencia de US$600 millones de organismos internacionales y ha dispuesto cinco medidas económicas temporales, con la finalidad de recaudar hasta US$1.000 millones.

Las medidas contemplan el alza de dos puntos porcentuales al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 14% por un año, una contribución por una sola vez del 3% adicional sobre las utilidades y un tributo del 0,9% al patrimonio de personas con una fortuna mayor al millón de dólares.

Además se anunció la posibilidad de vender algunos activos de la nación, cuya economía dolarizada está golpeada por la apreciación del dólar y la caída de los precios del petróleo, su principal producto de exportación.