Phoenix. Una amplia mayoría de estadounidenses apoya la persecución de inmigrantes ilegales en Arizona, mientras sólo el 25% respalda la política del presidente Barack Obama, que incluye legalizar a millones de indocumentados, mostró un estudio publicado este miércoles.

El informe de Pew Research Center for the People and the Press (www.people-press.org) encontró que el 59% de los adultos encuestados en un sondeo nacional dio apoyo total a la ley, que opositores dicen es inconstitucional y un mandato de discriminación étnica.

El 73% dijo apoyar una medida que le pida a las personas presentar documentos que verifiquen su estado legal si la policía se los pide, mientras el 67% aprueba permitir a la policía detener a quien no pueda verificar que se encuentra en el país de forma legal.

La encuesta, realizada a 994 adultos, encontró que sólo el 25% apoya el manejo de Obama sobre la política inmigratoria, mientras más del doble -54%- dijo que la desaprobaba.

La polémica ley de Arizona aprobada el mes pasado requiere que la policía estatal y local, luego de realizar un "contacto legal", revise la situación migratoria de cualquiera que ellos sospechen de manera razonable que se encuentra ilegalmente en el país y arreste a quienes no puedan presentar sus papeles.

El estudio encontró que incluso los demócratas están divididos por la ley de Arizona, que entrará en efecto a fines de julio, con un 45% apoyándola y un 46% que dijo desaprobarla.

La nueva ley provocó un debate sobre inmigración en la política estadounidense, y reinició un esfuerzo de Obama y senadores demócratas por reformar las leyes federales de inmigración, pese a que es vista como una apuesta demasiado grande antes de las elecciones parlamentarias de noviembre.

Obama apoya un sistema que le permita a los inmigrantes indocumentados con buen comportamiento pagar una multa, aprender inglés y convertirse en ciudadanos. También respalda endurecer la seguridad fronteriza y perseguir a los empleadores que contratan a trabajadores indocumentados.

La medida, promulgada el 23 de abril por la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, desató críticas internacionales, impugnaciones legales y un llamado a boicotear económicamente al estado del Gran Cañón.

Este martes, expertos de Naciones Unidas en derechos humanos se sumaron a las críticas a la ley, diciendo que podría llevar a que la policía se enfoque en personas basándose en su origen étnico, en violación de la ley internacional.