Ocho cantones de Ecuador se han convertido en los últimos años en los principales puntos de origen, tránsito, paso y destino de las víctimas de trata de personas, aunque las estadísticas que maneja la Policía Nacional y la Fiscalía no reflejen las dimensiones de la problemática.

Una de esas víctimas es María (nombre protegido) que ahora tiene 27 años. A los 20, cuenta, acudió a una entrevista laboral en su natal San Lorenzo, en el norte de Esmeraldas. “Cuando llegué al sitio un joven colombiano, muy guapo y amable, me dijo que si lo aceptaba como su novio a su lado tendría muchas comodidades y podría ayudar a mi familia”, recuerda la joven que hoy está a punto de terminar la universidad.

Entonces, dice, le ofreció un trabajo en Quito y ella aceptó irse a la capital. Ya en la ciudad la obligó a acostarse con alguien, que le dijo que era su jefe; y desde ahí fue obligada a prostituirse. Fue llevada por varias ciudades, más Cuenca y Guayaquil, ofreciendo servicios sexuales.

“Mi calvario terminó cinco años después. Un día llegó el que decía ser mi novio y me dijo que ya no le servía para nada; y que más gastaba en mí que lo que ganaba. Se fue y me quedé sin un centavo, por lo que seguí trabajando en la prostitución un año más”, cuenta la mujer.

La trata de personas con fines de explotación sexual es una de las cuatro modalidades con las que se concreta este delito en el país. Además, existe la trata con fines de explotación laboral y mendicidad, con fines de servidumbre y por reclutamiento forzoso, señala la policía.

Un estudio realizado por los investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Soledad Coloma, Diego Cando y María Isabel Moncayo, indica que, por ejemplo, en los cantones Cotacachi y Otavalo, en Imbabura, la trata con fines de explotación laboral es bastante común.

Las víctimas son especialmente niños, niñas y adolescentes, quienes son reclutados para la comercialización de artesanías y textiles propios de su cultura y son llevados a Colombia, Bélgica, España o Suecia.

La problemática se agrava porque este tipo de prácticas se han “naturalizado”; es decir, los padres de los menores consideran normal que viajen y trabajen. Además que, por lo general, son reclutados por familiares.

Entre el 2008 y 2010, en Otavalo, se registraron 21 denuncias por el delito de explotación laboral de las cuales 17 fueron desestimadas y no se ha obtenido ninguna sentencia. Mientras que en Cotacachi entre el 2009 y 2010 hubo dos denuncias y ninguna sentencia.

En cantones con alta presencia indígena, como Colta y Guamote, en Chimborazo, además de la explotación laboral sus habitantes son víctimas de la trata de personas con fines de servidumbre y son llevados especialmente a Quito, Guayaquil, Machachi y Riobamba a trabajar en condiciones precarias.

Sin embargo, la Policía Judicial de Chimborazo entre 2010 y 2011 no registra denuncias de trata de personas. Aunque un año antes, en el 2009, la Fiscalía General receptó cuatro denuncias en Colta y tres casos más de trata en Guamote.

La trata de personas con fines de explotación sexual es recurrente en la provincia de Santo Domingo; y San Lorenzo, en Esmeraldas, señala el informe.

Al primer lugar llegan, por lo general, mujeres que son reclutadas en Colombia y son enviadas a ejercer la prostitución en ciudades de la Costa. Aquellas que son captadas en Manabí, Guayas, Los Ríos van a la Sierra y la Amazonía.

Pero en Santo Domingo, 90% de denuncias que se realiza en la Policía y Fiscalía son por desaparición de menores y de adultos y no por trata de personas, lo que produce un subregistro. Entre 2008 y 2011 se han denunciado 25 casos de trata y se logró una sentencia efectiva, según la Unidad de Gestión Procesal de la Fiscalía.

Aunque nadie lo denuncia en San Lorenzo y Lago Agrio, en Sucumbíos, la trata con fines de reclutamiento para actividades ilícitas afecta a la población joven de ambas localidades, especialmente a los varones.

La investigación de la Flacso recoge la versión de los mismos moradores y algunas autoridades que en el caso de San Lorenzo señalan que las personas son reclutadas para el trabajo en plantaciones de coca y la venta de sustancias estupefacientes. No obstante, las estadísticas en la provincia de Esmeraldas revelan que desde hace siete años no hay una sola denuncia por el delito de trata.

Similar situación acontece en Lago Agrio en la Amazonía, en donde, aunque son conocidos los testimonios de personas que han sido obligadas a unirse a los grupos irregulares de Colombia, las denuncias entre 2005 y 2011 llegan a seis y no hay sentencia condenatoria.

El informe concluye que la mayoría de los casos de trata termina en la impunidad al menos por tres factores: en el caso de la explotación sexual, por el temor de la víctima a ser estigmatizada. En los otros casos existe tendencia a naturalizar la situación o porque los afectados no confían en el Estado.

Casos: Operativos

18 de agosto 2012
Raúl Flores, de 62, años, de nacionalidad chilena; y, María Lucinda Quintero Ortuño, de 22, fueron detenidos en Quito acusados de trata de personas. Una menor de edad fue la que permitió que la Policía los capturara.

20 de mayo 2012
Las colombianas Olga Marín Ríos, de 58 años, y Leonor Parra Marín, de 32, fueron detenidas cuando pretendían salir de Ecuador en un vuelo desde Quito a su país. Tenían órdenes de detención para investigaciones por estar vinculadas aparentemente con el tráfico ilegal de personas con fines de explotación sexual.

15 septiembre 2011
Miembros de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) allanaron una vivienda en el sector de Alangasí, al nororiente de Quito, en busca de dos ciudadanas rusas desaparecidas hace cuatro años que serían víctimas de trata de personas. No se halló a las extranjeras pero se detuvo a una persona para investigaciones.