Ciudad de México. Interceptaciones telefónicas, rastreos financieros y seguimientos a su red de colaboradores pusieron en evidencia cómo operaba uno de los brazos del cartel del bloque sur de las FARC, al mando del jefe guerrillero José Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez.

El Espectador conoció detalles del expediente que adelanta un fiscal antimafia, que muestra los enlaces de esta organización de narcotráfico, con conexiones en México y rutas a Costa Rica, Puerto Rico, Panamá y otros países de Centroamérica. Entre los hallazgos, se conoció que la empresa de correos Makroenvíos fue creada para el envío de narcóticos, sostiene el ente acusador.

La declaración de Yolanda Cuervo, alias Yoli, fue fundamental en el desarrollo de estas pesquisas. Confesó que ella era la que hacía los contactos entre las FARC y otros capos colombianos, con quienes negociaban la droga a cambio de material bélico. La Fiscalía constató sus denuncias y estableció que cada uno de los 14 procesados tenía una función específica en el cartel: conseguir contactos de narcos en Colombia y en el exterior; lavar el dinero ilícito y coordinar a través de la empresa Makroenvíos el tráfico de estupefacientes.

Versiones confusas y afirmaciones que no coinciden con otras caracterizaron las declaraciones de los procesados. Por ejemplo, Jonás de Jesús Rincón manifestó ser comerciante de café y se declaró ajeno a esta organización. La Fiscalía le mostró una grabación en la que negoció $800 millones a cambio de un alijo de droga. Entonces, en su indagatoria, cambió su versión y confesó que su trabajo era convencer a traficantes para “tumbarlos o estafarlos”, pues “si se les muestra a los narcos una bodega con 300 o 400 bloques que se parezcan a la droga, ellos se van muy contentos y dicen que el negocio lo van a hacer y así dan el dinero”.

El mexicano Mario Zabaleta Sánchez, alias Manito, acusado de ser el gerente de Makroenvíos y el contacto principal del cartel en México, al ser interrogado desmintió conocer a la testigo Yolanda Cuervo, también condenada por estos hechos. Sin embargo, cuando la Fiscalía le puso de presente reuniones documentadas entre ambos, Manito apenas atinó a decir que “no estaban negociando nada ilícito”. Poco a poco, la justicia fue hallando las piezas del rompecabezas de esta organización al servicio de Fabián Ramírez.

En otra declaración, James Deibis, guerrillero desmovilizado, encargado de acopiar la base de coca en el Caguán, afirmó haber trabajado con miembros de esta red y con Anayibe Rojas, alias Sonia, la mujer que durante años controló las finanzas del narcotráfico del bloque sur de la guerrilla y que fue extraditada a los Estados Unidos en 2004. Otro de los testigos estelares fue Luis Eduardo Collazos, también desmovilizado, quien aseveró que desde 1998 Fabián Ramírez creó las primeras cocinas y laboratorios usados por las Farc y supuestos ganaderos para ‘legalizar’ las ilícitas ganancias de la droga. Además, el reporte del intendente Obdulio Parra ratificó la destrucción de un laboratorio de esa organización en Bermeo, Boyacá.

La medida de aseguramiento a 14 personas relacionadas con el ala más ‘narca’ de las FARC los responsabiliza de beneficiar los intereses de sostenimiento y manutención del bloque sur. Y, en ese contexto, les endilga los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, rebelión, blanqueo de dinero y tráfico de armas. Lo que puso en evidencia la justicia es que la guerrilla tiene contactos con carteles mexicanos y que el tráfico de estupefacientes constituye el ‘oxígeno’ económico que necesita para mantener sus estructuras ilegales.