Madrid. El Ministerio Fiscal pidió este jueves al máximo tribunal de justicia de España que no abra un juicio oral contra el juez Baltasar Garzón por el supuesto delito de prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo.

La fiscalía argumentó al magistrado del Tribunal Supremo que instruye esa causa contra Garzón que las partes que le acusan no tienen legitimación procesal para ello.

La querella contra Garzón vinculada a los crímenes del franquismo, una de las tres causas que tiene el conocido magistrado en el máximo tribunal, fue interpuesta por el sindicato derechista Manos Limpias, y a ella se adhirieron la organización Libertad e Identidad y Falange Española.

En ella, se acusa al juez de investigar unos crímenes a sabiendas de que no era competente para instruir el caso y conocer la prescripción de los delitos y el fallecimiento de víctimas y autores.

El fiscal argumentó ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela que la presencia únicamente de la acusación popular no es suficiente para abrir un juicio, al no existir una acusación particular.

"Siendo constatable la ausencia de 'acusador particular' en las actuaciones (...) el magistrado instructor debió acordar el sobreseimiento (...) que, reiteradamente, se le ha pedido", dijo el escrito de la fiscalía.

De cualquier manera, añade el texto, el magistrado que lleva la causa debería, a partir de ahora, "abstenerse de proceder a la apertura del juicio oral en el supuesto de que la misma le fuese solicitada por las acusaciones populares".

La petición toma como precedente la llamada "doctrina Botín", aplicada por un caso contra el presidente del Santander en el que el Tribunal Supremo determinó que no se podía abrir juicio oral si sólo lo pedía la acusación popular.

Luciano Varela rechazó el miércoles el escrito de acusación de las organizaciones Falange Española y de Manos Limpias por defectos de forma y pidió que se corrijan para poder formular los cargos en el proceso, que podría llevar al magistrado al banquillo.

Garzón acusó al general Francisco Franco y a otros miembros de su Gobierno de la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la posguerra, en un proceso en el que autorizó la exhumación de fosas comunes, aunque luego se inhibió ante tribunales provinciales para que estos decidieran.

La condena por prevaricación de los funcionarios públicos es de entre siete y diez años de cárcel, y de ser declarado culpable, Garzón podría ser expulsado de la carrera judicial.

El Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente decidir si suspende o no al conocido magistrado.