El ministerio de Cultura recordó que los sitios arqueológicos en su integridad son propiedad del Estado, incluídos sus componentes descubiertos o por descubrir, independientemente que se hallen en propiedad pública o privada y, por lo tanto, no pueden venderse, ocuparse ni utilizarse para cualquier finalidad distinta a las investigaciones arqueológicas.

Señaló que estas acciones son sancionadas con penas de 3 a 6 años de cárcel para los infractores, y de 3 a 8 años para los que los promueven e inducen.

También se aplican sanciones administrativas que consisten en multas de hasta 3 millones 800.000 nuevos soles (1.000 Unidades Impositivas Tributarias), pudiendo aplicarse el decomiso de los medios e instrumentos utilizados.

Anotó que dentro de la Región Lima y ante el peligro de invasión, la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural ha realizado operativos en los últimos meses en los siguientes sitios arqueológicos: Chocas A (Carabayllo), Chacra Cerro 2 (Comas), Los Paltos (Lurigancho-Chosica), Huaca Cutimbo-Mangomarca (San Juan de Lurigancho), Garagay (San Martín de Porres), Alfonso Cobián (Chaclacayo) y Copacabana (Carabayllo).

Asimismo, señaló que se ha advertido el riesgo de obras no autorizadas en los inmuebles históricos Casa Hacienda Caballero (Carabayllo), Casa Hacienda Punchauca (Carabayllo), Bajada de Baños (Barranco), Inmueble Av. 28 de Julio en Barranco, Inmueble en Av. Bolognesi en Barranco, Inmuebles en Jr. Trujillo y Jr. Hualgayoc – Rímac.

Otros sitios arqueológicos en riesgo de invasión son Caleta Vidal (Huacho), San Juan de Pariachi (Ate), Huaycán de Pariachi (Ate), Cerro Ollería (Cañete), Fortaleza de Collique (Comas), Paraíso (San Martín de Porres), Naranjal (San Martín de Porres), Panquilma (Cieneguilla), Cerro Cañón (Carabayllo), Necrópolis de Miramar (Ancón), Cerro Gallo (San Juan de Lurigancho), Aspero (Supe) y Tronconal (Huaral).

El MInisterio agregó que ha realizado las coordinaciones del caso con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, para la protección de estos y otros sitios arqueológicos.

Además, invocó a la ciudadanía a participar activamente en la defensa de nuestra herencia cultural, denunciando cualquier acto o cualquier persona sospechosa de atentar contra la integridad e intangibilidad de las zonas arqueológicas protegidas por la Ley N° 28296 – Ley General de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación y por el Título VIII de nuestro Código Penal.