Tras la muerte de la profesora, el gobierno decretó un estado de emergencia en el sistema educativo para poner fin a la huelga.

Tegucigalpa. Una persona murió y tres resultaron heridas este viernes cuando la policía dispersó con gases lacrimógenos a centenares de maestros que protestaban contra la intervención gubernamental de un organismo magisterial y presuntos planes de privatizar la educación.

Tras la muerte de la profesora, el gobierno decretó un estado de emergencia en el sistema educativo para poner fin a la huelga.

El decreto pretende obligar a los maestros a retornar a las aulas, autorizando la contratación de nuevos docentes para sustituir a los que se adhieren a la huelga, dijo el ministro de Educación Pública, Alejandro Ventura.

La maestra Ivania Velásquez, de 59 años, falleció en un hospital estatal en el segundo día de manifestaciones callejeras de maestros y partidarios del ex presidente Manuel Zelaya, que bloquearon calles e importantes carreteras en varias zonas del país.

Los maestros protestan también por el aumento de precio de los combustibles y los alimentos, debido al alza del petróleo en el mercado mundial y pérdidas en cosechas locales.

Los manifestantes bloqueaban una avenida céntrica de Tegucigalpa frente al Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), tratando de impedir que una comisión especial gubernamental asumiera el control administrativo del organismo, acosado por severos desequilibrios financieros.

Un médico del Hospital Escuela, Denis Chirinos, dijo a la emisora local Radio Globo que Velásquez murió a causa de traumas severos en la cabeza y el abdomen que habrían sido provocados al ser arrollada por un vehículo.

Pero el portavoz de la policía, Leonel Sauceda, dijo que la mujer presuntamente murió debido a que, después de caer y cuando huía de las bombas lacrimógenas y el agua, fue pisoteada por otros manifestantes.

Los maestros, unos 60.000, declararon desde este lunes una huelga general indefinida que afecta a casi 2.5 millones de estudiantes de escuelas primarias y secundarias públicas, en protesta por una legislación que se discute en el Congreso y que impulsaría la municipalización del sistema educativo estatal.