Según la Fiscalía, entre 2010 y 2011 se registraron 2.843 homicidios y 4.539 asesinatos. También 7.145 indagaciones (inicio de la investigación), de las cuales sólo 1.175 pasaron a instrucción fiscal (comienzo del proceso penal). De estas, apenas 673 juicios terminaron con sentencia condenatoria en ambos años, lo que representa 9,11% del total de delitos contra la vida.

Con entusiasmo, Carlos Luis Icaza Vera hablaba del futuro. Quería comprar un carro nuevo que no le diera problemas como su viejo auto, en el que hacía “taxi amigo”, relata un familiar que lo escuchaba cerca de las 17:45 del 25 de junio del 2007.

Carlos Luis Icaza Vera, de 28 años, empezó a hablar de Cristo. Su pariente interrumpió la charla para decirle que un carro Chevrolet San Remo rojo y unas motos daban vueltas por el sector. “Parece que nos quieren robar. Mejor entremos”, recuerda que le dijo. Él respondió: “Tranquilo, que estamos con Dios. No nos va a pasar nada”. El diálogo se cortó abruptamente cuando un solo disparo acabó con su vida. La bala, que le dejó un hueco en la frente, salió de un auto en el que iban tres personas.

“Todo fue tan rápido. La gente decía que el que iba al lado del conductor fue el que disparó”, indica un familiar, que prefiere el anonimato por temor a nuevas represalias.

Al inicio, los familiares de Carlos Icaza Vera denunciaron en la Fiscalía e identificaron a dos de los presuntos cómplices que estuvieron presos pocos días, pero agregan que nunca se detuvo al autor del disparo.

Otro pariente de Icaza comenta que conocidos le dijeron que los asesinos eran de la banda Los Rusos y que confundieron al joven con un delincuente que estaba escondido a poca distancia. No insistieron en el proceso judicial porque recibieron amenazas. “Teníamos y tenemos miedo porque nos decían que nos iban a matar. Y nosotros tenemos niños y nietos”.

Los familiares prefieren esperar “la justicia divina”, ya que dos de los supuestos cómplices viven cerca de sus hogares.

Miedo a las represalias, falta de dinero, pese a la “gratuidad” de la justicia establecida en la Constitución vigente, investigaciones limitadas por falta de recursos o el deseo de vengar las muertes por cuenta propia. Son algunos de los factores que inciden para que la mayoría de crímenes en el país queden en la impunidad, según lo evidencian los casos recopilados por El Universo en cinco provincias con el mayor número de homicidios (los que se registran en un instante en medio del calor de las circunstancias) y asesinatos (los que se perpetran con planificación previa y de forma cruel, entre otros agravantes establecidos en el artículo 450 del Código Penal vigente).

Según la Fiscalía, entre 2010 y 2011 se registraron 2.843 homicidios y 4.539 asesinatos. También 7.145 indagaciones (inicio de la investigación), de las que solo 1.175 pasaron a instrucción fiscal (comienzo del proceso penal). De estos, apenas 673 juicios terminaron con sentencia condenatoria en ambos años, lo que representa un 9,11% del total de delitos contra la vida, en el mismo periodo.

Uno de los procesos pendientes es el iniciado por la muerte de Fernando Moreira Sánchez, de 25 años, quien apareció boca abajo y con las manos atadas sobre la espalda en un terreno del barrio Condado Oeste de Portoviejo, en Manabí. Su madre, quien prefiere que no la identifiquen, cuenta que estaba en su casa cuando, pasadas las 06:00 del seis de junio, recibió la noticia. El cadáver que en la radio describían como un joven delgado con un tiro en la cabeza, era el de su hijo. Había recibido amenazas, pero su familia no sabe de quién.

La mujer no tiene esperanzas de que las autoridades detengan al presunto asesino: “Arruman los casos”, afirma la hermana de esta víctima. La progenitora, en cambio, dice: “Ya está muerto” y añade que ella tiene más hijos. “Mejor queremos que quede eso allí. No tenemos dinero para abogados”.

En localidades como Quevedo, en Los Ríos, la falta de infraestructura afecta el esclarecimiento de los casos. Los fiscales de este cantón deben enviar, por ejemplo, las muestras de ADN o las balas usadas en el asesinato, para el cotejamiento en los laboratorios de criminalística de Quito, Guayaquil o Santo Domingo. Los resultados pueden demorar hasta 20 días en llegar, por lo que a veces se suspenden las audiencias.

“Se nos cae el caso... Qué nos toca, oficiar nuevamente, insistir... ellos (en los laboratorios) aducen que tienen trabajo de otras ciudades y que se les acumula”, dice uno de los fiscales.

A la falta de implementos técnicos se añade, a veces, la poca participación de los familiares de las víctimas. “Cuando (el muerto) es un sicario o un delincuente, la familia por vergüenza o porque sabe que la víctima está en problemas no denuncia; sin embargo, la Fiscalía sigue de oficio la investigación”, dice otro fiscal.

Dos de septiembre de 2011. Cuatro disparos que realizó uno de los dos hombres que viajaban en una moto, a la altura del kilómetro 4 de la vía Interoceánica, en el nororiente de Quito, acabaron esa noche con el empresario Francisco Espinosa.

Pese a que el autor material fue detenido y encontrado culpable, el autor intelectual no ha sido capturado. Según las investigaciones, una triangulación de llamadas permitió definir que un exsocio de Espinosa (que está prófugo) mantuvo 38 acercamientos telefónicos con los sicarios y una mujer con el alias de Taladro (prófuga), quien sería la intermediaria.

Para el fiscal de la causa, Vicente Reinoso, esta muerte, con tintes de sicariato, se esclareció debido a que los autores, involucrados en 17 asesinatos más, demostraron inexperiencia al dejar pistas (llamadas telefónicas) que se podían seguir.

Pero, según el fiscal, “esto no sucede en la mayoría de casos. Los “gatilleros”, que son contratados para matar, no dejan huellas. Eso hace difícil no solo resolver la muerte violenta, sino también llegar al mentalizador del asesinato”.

Por sicariato o no, entre enero y junio del 2012, en Esmeraldas se han denunciado, según datos de la Fiscalía, 147 casos de asesinatos y 22 de homicidios. Sumados los datos del 2010 y el 2011, los homicidios dejaron 131 casos y los asesinatos 542. Por esto, Esmeraldas es la provincia más violenta del Ecuador.

Ahí, según el jefe de la Policía Judicial (e) de Esmeraldas, Luis Yépez, en las zonas rurales y alejadas de la provincia se recurre a la venganza por mano propia antes que a las instancias legales. Uno de los jueces penales de esta jurisdicción afirma que en los últimos diez años no se ha condenado a nadie por haber pagado un asesinato.

En eso coincide el juez 15º de Garantías Penales de Pichincha, Freddy San Martín, quien reconoce que son pocos los casos de sicariato en los que se ha podido sancionar a los autores material e intelectual. Cierta falta de coordinación entre fiscales y agentes de la Policía Judicial debilita la carga probatoria de los demandantes en el momento de acusar a los autores, dice.

María Dolores Coloma, una de las fiscales del Guayas que investiga los casos de delincuencia organizada, señala que es más complicado llegar a determinar a los autores intelectuales de un asesinato, porque entre ellos se encubren. “Ellos (delincuentes) tienen su ley, si me vendes te mato... nadie le va a decir fulano me pagó”. Ella y otros fiscales señalan que la poca colaboración de los familiares de la víctima complica la investigación, así como cuando se solicita una orden de prisión preventiva para investigaciones, con todos los sustentos, pero se la niega. “Esto da lugar a que las víctimas sean amenazadas por los asesinos o que dañen las pruebas”. También que ocurra lo que se conoce como “compra muerto”. Esto es que los familiares cambien su primera versión y ya no quieran acusar a los detenidos, sino que argumenten: “Me equivoqué, que no era él, sino otro”.

Coloma afirma que en la mayoría de los casos que ha investigado las víctimas son delincuentes y no por eso se ha dejado de investigar. “La ley no hace distingo”, recalca la funcionaria y añade que ha resuelto casos como la captura de uno de los cuatro implicados en el asesinato de una joven que pertenecía a la banda de los Ñetas. Se lo llevó a juicio, pero el juez Séptimo de lo Penal encargado en ese entonces le dio la libertad aduciendo que no existía responsabilidad. Se apeló la resolución y ella presentó un recurso de hecho (apelación). La Tercera Sala de lo Penal del Guayas le dio la razón a la Fiscalía, pero ya el imputado estaba libre.

En el cantón Buena Fe, en Los Ríos, se evita hablar de asaltos y menos de los crímenes al estilo sicariato. “Es un pueblo de nadie, donde la gente mata y nadie hace nada”, comenta el familiar de una de las víctimas. Uno de los casos que conmocionaron a la ciudadanía fue el de Gustavo Sánchez. El pasado 12 de septiembre, cuando Sánchez estaba en su taller de mecánica, en el barrio Las Vegas, fue asesinado por un individuo que llegó acompañado de otro en una moto. Pese a las amenazas, familiares de Sánchez siguieron el juicio contra los detenidos Alexi Vélez Bravo y Carlos Bravo Santana. La lucha siguió hasta que el Segundo Tribunal Penal de Los Ríos los sentenció a 16 años. No quedaron conformes. Podían apelar, pero no tienen dinero. En julio pasado, Bravo se fugó de la cárcel de Quevedo. Pese a la sentencia, dicen que aún confían en la justicia y piden protección.

El hallazgo de un cadáver sin identificar encendió por estos días las alarmas en Portoviejo por la posibilidad de que sea Julio Sabando Córdova, de 23 años, desaparecido desde el 5 de julio pasado.

Sabando iba con su hermano cuando unos hombres se lo llevaron cerca de las 21:00 en el Corsa blanco en el que viajaban. Su hermano consiguió escapar y el Corsa apareció en una gasolinera, unos días después.

Ha pasado más de un mes desde la desaparición de Sabando, quien es hijo de un exvicealcalde de Portoviejo. No han pedido dinero, por lo que la Policía lo considera como desaparecido.

Sus familiares y allegados se concentraron el 31 de agosto pasado en las inmediaciones de la sede del Poder Judicial para pedir que se emita la orden de prisión contra dos sospechosos. Ellos afirman que las marchas o concentraciones son uno de los mecanismos de presión para que el caso no quede impune.

Sonnia Zambrano y Rosa Elena Alcívar, madres de dos víctimas fatales de la violencia en Manabí: Danilo Bowen y Luis Jaramillo, en su orden, también participaron de la marcha realizada en Manta (Manabí) el 17 de julio pasado. Ambas acusaron a policías de ser los responsables de la muerte de sus hijos, cuyos cuerpos aparecieron el 18 de octubre pasado en el sector de las canteras, en la parroquia Picoazá, en Portoviejo.

Con la versión de testigos y evidencias se inició la instrucción fiscal contra seis uniformados que se han acogido al derecho al silencio. La audiencia de juzgamiento se postergó para el 22 de agosto próximo. Alcívar afirma que quiere sentar un precedente: “Los policías siguieron a mi hijo y a Danilo sin justificación y los asesinaron solo porque iban rápido en una moto”.

Miriam Tumbaco, en cambio, pasó siete meses entre la Policía Judicial, los juzgados y la Fiscalía para esclarecer la muerte de su esposo, Huber Acuña, quien fue asesinado el 31 de agosto del 2010 en Guayaquil, por un delincuente, que cuatro meses antes había asaltado a la hija mayor de la pareja. “Dicen (los testigos) que mi esposo (al encontrarse con el asaltante que era conocido en la zona) le ha dicho: ¿Cómo vas a robar a la gente del barrio? Y otras cosas más, y el ladrón se lo llevó un poco más allá y ahí le disparó”, dice la viuda.

Meses después, la Policía capturó con drogas y armas al presunto responsable con una identidad cambiada. Tumbaco hizo varios trámites en el Registro Civil para demostrar que el detenido tenía un nombre falso. Ahí pudieron abrirle el proceso por el asesinato de su esposo.

Siete meses después de que Tumbaco pasara de 08:00 a 18:00 de una entidad a otra, de lunes a viernes, “presionando” a las autoridades, llevando comida y aportando con la gasolina para la movilización de los agentes investigadores, el acusado, Pedro Arroyo Villao, fue sentenciado a 8 años, una pena que Tumbaco cuestiona por considerarla muy leve.

Mientras que el abogado Pedro Alvear Bardellini sabe bien que la lucha por conseguir una sentencia condenatoria por algún crimen es larga y difícil. Los asesinos de su padre, Pedro Alvear Icaza, fueron sentenciados en el 2008 a 16 años.

Alvear Icaza fue asesinado la noche del 20 de marzo del 2006, en medio del tráfico del centro de Guayaquil, por dos hombres que iban en una moto.

Alvear Bardellini afirma que el problema para esclarecer los crímenes está en los procedimientos que se aplican. Por ejemplo, asegura que financió el traslado de los policías convocados para que rindieran su versión en el juicio, pues los uniformados habían sido asignados a otras ciudades. También gastó en movilizar a otros testigos.

Otro error del procedimiento, según Alvear, es que los testigos deben comparecer varias veces ante policías, el fiscal y los jueces. “Todo está hecho para que transcurra el famoso año sin sentencia y el imputado salga libre. En mi caso, la sentencia se emitió unos días antes del plazo”, cuenta Alvear, quien agrega que aún tiene una tarea pendiente: sentenciar al presunto autor intelectual del crimen que se dio bajo encargo por el pago de diez mil dólares, según consta en el proceso.

El que encargó el asesinato tiene orden de prisión, pero salió del país antes de que entrara en vigencia esta disposición. “La Policía convoca a una rueda de prensa e hizo público el nombre del que mandó a matar a mi padre. Entonces este se fue del país y por eso aún no se lo puede juzgar”, concluye Alvear.