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La lucha contra el narcotráfico aviva al ejército en Centroamérica
Sábado, Febrero 18, 2012 - 12:02

Guatemala y El Salvador, que todavía tienen vivos los recuerdos de las brutales guerras civiles que dejaron decenas de miles de muertos, también se están apoyando en los militares para hacer frente a los narcotraficantes.

OLANCHO, Honduras/CIUDAD DE GUATEMALA (Reuters) - Soldados con chalecos antibalas y fusiles de asalto vigilan bajo un inclemente sol una carretera en el este de Honduras dentro de vehículos dotados con potentes ametralladoras.

Esta escena se reproduce cada vez más en otros países de Centroamérica, donde han penetrado los violentos cárteles mexicanos de las drogas, obligando a los gobernantes a recurrir a las fuerzas armadas para combatir el crimen.

Esa estrategia, aunque celebrada por algunos sectores de la población que se sienten más protegidos y seguros, también ha generado temores a un mayor protagonismo militar que termine yéndosele de las manos a los gobiernos de la región.

Guatemala y El Salvador, que todavía tienen vivos los recuerdos de las brutales guerras civiles que dejaron decenas de miles de muertos, también se están apoyando en los militares para hacer frente a los narcotraficantes.

Los cárteles mexicanos, asociados con narcotraficantes locales y pandillas - conocidas como maras -, han extendido hacia el sur sus negocios, convirtiéndose en un factor clave para que se haya disparado la cifra de asesinatos en América Central.

La violencia ligada a los cárteles ha contribuido a que Honduras, donde se cometen más homicidios en todo el mundo según la ONU, tenga una tasa de 82,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes, seguido por El Salvador con 66, y Guatemala con 41,4, sólo superado por Venezuela con 49.

Muchos creen, sobre todo izquierdistas y grupos de derechos humanos, que con el despliegue de militares en varios países centroamericanos podrían repetirse los abusos ocurridos hace décadas y además extenderse la violencia a más ciudades y pueblos.

"La gente ha dejado de tener memoria histórica a consecuencia de la violencia que estamos viviendo. Creen que con desplegar a los soldados las cosas van a estar mejor", observó María Villatoro, de 42 años, secretaria de un despacho de abogados en la capital guatemalteca.

"Pero yo recuerdo bien los abusos, fue terrible, absolutamente terrible", dijo Villatoro, quien perdió a una hermana durante la brutal guerra civil, cuando hubo graves violaciones de los derechos humanos y casi 250.000 personas murieron o desaparecieron, muchas en sangrientas masacres.

Una comisión de la verdad de Naciones Unidas creada para evaluar la situación en Guatemala después de la guerra de 36 años que terminó en 1996 determinó que el Ejército cometió el 85% de las violaciones de los derechos humanos.

La activista estadounidense Jody Williams, Premio Nobel de la Paz 1997, consideró en una reciente visita a Guatemala que es un error usar al Ejército en la ofensiva contra las drogas.

"Este es un Ejército que mató a miles de indígenas", dijo a Reuters. "Si yo fuera una persona indígena en el interior de Guatemala y veo despliegues del Ejército, me alucinaría del susto", agregó.

Guatemala tiene una población de 14,3 millones de personas, de las cuales más de la mitad son indígenas.

Reverdece el color olivo. Los narcotraficantes utilizan en la región las mismas tácticas con las que siembran el terror en México, donde la violencia ligada a los cárteles ha dejado casi 50.000 muertos en poco más de cinco años, desde que el presidente Felipe Calderón lanzó en 2006 una ofensiva militar.

En Honduras se tiñen de sangre ciudades y poblados donde sicarios tirotean o atacan con explosivos a rivales en calles, carreteras, bares y hasta en estadios de fútbol, y descuartizan cuerpos que abandonan en bolsas plásticas o cajas de cartón.

Ante la escalada del crimen, el Congreso hondureño autorizó en noviembre al Ejército, por iniciativa del presidente Porfirio Lobo, a realizar tareas de combate al narcotráfico, labor que correspondía exclusivamente a la policía.

En Honduras hay unos 1.200 militares desplegados exclusivamente para afrontar el crimen organizado, más decenas de efectivos que forman parte de fuerzas de reacción inmediata, especialmente en Olancho, Tegucigalpa, y San Pedro Sula, la segunda mayor ciudad del país.

Los 8,2 millones de habitantes de la tercera nación más pobre de América tras Haití y Nicaragua sufren además un hacinamiento en las cárceles, escenario de las peores tragedias como la sucedida esta semana en la que murieron más de 350 reos por un enorme incendio.

Los soldados comenzaron a desplegarse en Olancho, una provincia semirural que es la más extensa de Honduras, donde cárteles mexicanos asociados con narcos locales trasiegan cocaína en avionetas que aterrizan en pistas clandestinas.

En la zona, entre 600 y 800 soldados patrullan desde diciembre calles de poblados y ciudades y se instalan en campamentos sobre ejes carreteros donde revisan autobuses, vehículos de carga y particulares. Oficiales y soldados hondureños reciben adiestramiento de Estados Unidos.

"Tenemos soldados preparados, logística y el armamento necesario", dijo a Reuters el jefe de la llamada operación Relámpago, coronel Benjamín Oliva, establecido en Juticalpa, la capital de Olancho.

Oliva aseguró que los cárteles estaban "en fuga, ocultos en las montañas" ante la llegada de los soldados.

En Honduras, el Ejército también cometió abusos. En la década de 1980 los militares hicieron desaparecer a más de 180 personas y asesinaron a decenas más utilizando los llamados escuadrones de la muerte, en una operación para desarticular un incipiente movimiento guerrillero de izquierda.

El presidente del privado Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Andrés Pavón, consideró que los militares no han sido preparados para labores de seguridad o policiales y que la lucha contra el narcotráfico se podría traducir en el futuro en abusos.

Unos a favor, otros en contra. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien asumió el 14 de enero de este año, ha dicho que va a dedicar dos tercios de su tiempo a la lucha contra el crimen. Un día después de su toma de posesión, ordenó a miles de soldados acompañar al Estado en su lucha contra el narcotráfico.

El general retirado prometió sumar 10.000 nuevos miembros a la policía e incrementar el número de soldados en 2.500 durante los próximos cuatro años.

En la capital guatemalteca se ven cada vez más efectivos del Ejército patrullando, junto con policías, calles y avenidas, y los puestos de control en las rutas más transitadas pasaron de 32 a 52 en las últimas semanas.

En Ciudad de Guatemala hay unos 400 soldados apoyando patrullajes. En el Gobierno anterior esos mismos militares trabajaban en otros deberes como repartir comida en barrios.

Para junio, el Ejército tiene previsto sumar dos brigadas de 500 soldados cada una para desplegarlas en la capital y en Petén, departamento que comparte frontera con México.

Algunas organizaciones de derechos humanos han señalado que Pérez, de 61 años, está tratando de militarizar el país.

"Los soldados pueden ser muy brutales y eventualmente, si hay necesidad de disparar, disparan indiscriminadamente. No van a pensar en las consecuencias", advirtió Mario Polanco, director del grupo local de derechos humanos Apoyo Mutuo.

Estados Unidos suspendió su apoyo militar a Guatemala en 1977 debido a violaciones de derechos humanos que estaban cometiendo los soldados durante la guerra civil.

Pero hay sectores de la población en América Central, hartos de la rampante delincuencia, que aprueban las medidas.

"Los narcos se fueron cuando llegaron los militares, pero si ellos se van seguramente volverán los narcotraficantes y volveremos a estar sometidos al miedo que genera su presencia y su violencia", dijo un joven que se dedica a la venta de dulces, y cigarrillos en calles de Juticalpa.

El narcotráfico en Honduras deja un promedio de 20 homicidios diarios. Los traficantes de drogas se mueven en algunas regiones en caravanas de vehículos todo terreno, muchos de ellos blindados, con grupos de hombres armados con ametralladoras.

Convertir en guerra la lucha antinarco. Los homicidios sólo en el departamento hondureño de Olancho casi se triplicaron de 26,5 por cada 100.000 habitantes en 2007, a 78,7 en 2010 debido a las disputas de territorio y venganzas entre narcotraficantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras.

Mientras tanto, en El Salvador, que pasa por una ola de criminalidad con un promedio de 12 homicidios diarios atribuidos principalmente a las pandillas, el presidente Mauricio Funes nombró recientemente a dos generales como su ministro de Seguridad y su director de la Policía Nacional.

Antes, sólo civiles habían estado al frente de esos dos cargos y los críticos del Gobierno dicen que la llegada de militares viola el espíritu de los Acuerdos de Paz firmados en 1992.

"Alertamos sobre la escalada de violencia y el aumento en el número de víctimas que supondrá convertir en guerra la lucha contra el crimen", dijo el rector de la jesuita Universidad Centroamericana de El Salvador, Andreu Oliva.

Oliva dirige la misma universidad donde en 1989 militares asesinaron a seis sacerdotes jesuitas, en uno de los crímenes más notorios de la guerra civil que enfrentó el país y que dejó 70.000 muertos y 8.000 desaparecidos entre 1980 y 1992.

En la nación centroamericana unos 8.300 militares realizan labores de seguridad patrullando, junto a la policía, ciudades de alto riesgo, puntos fronterizos y los alrededores de las cárceles, más que duplicando los 3.800 que estaban desplegados a fines del 2009.

Los soldados salvadoreños son capacitados por fuerzas estadounidenses, brasileñas y colombianas.

"Aplicar estados de excepción son bien conocidos como fuente de violación de derechos humanos", agregó el rector Oliva.

Funes sostiene que los narcotraficantes de México sólo han realizado labores de "expedición".

Pero la cifra de asesinatos va en aumento, y el año pasado se elevó en más de un 9% frente a 2010.

Autores

Reuters