A finales de febrero pasado, la embajada de Ecuador en Madrid puso en marcha un servicio gratuito de asesoría jurídica para sus conciudadanos perjudicados por las deudas hipotecarias y los desalojos derivados de su ejecución.

En principio, este programa funcionará unos tres meses en Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia, las cuatro ciudades españolas con mayor presencia de ecuatorianos, la comunidad latinoamericana más numerosa en este país europeo, con casi medio millón de personas.

Se trata de un drama humano que vive toda España, pero el grupo más vulnerable es el de los migrantes, porque no están en su tierra ni tienen familia a la que acudir, explicó a Prensa Latina la embajadora ecuatoriana en Madrid, Aminta Buenaño.

Los ecuatorianos son muy trabajadores y los bancos vieron en ellos un buen nicho de mercado, apuntó la diplomática durante una entrevista con esta agencia.

Cuentan que fueron seducidos por ciertos sectores de la banca, buscados incluso hasta en sus centros de trabajo, donde les ofrecían muchas facilidades sin darles demasiada información, con lo cual al final firmaban contratos muy perjudiciales, relató Buenaño.

El ecuatoriano se metía en esto porque uno de los requisitos para solicitar la reagrupación familiar era precisamente tener un piso (vivienda) estable, puntualizó la embajadora.

A la terrible situación de sus compatriotas se refirió el presidente Rafael Correa, durante una fugaz visita realizada a España el 17 de marzo último. Entregando la casa debería extinguirse la deuda, pero no es así, lo cual atenta contra los principios éticos de la economía, señaló el mandatario respecto a la dación en pago.

Si no hay una flexibilización de las leyes hipotecarias vamos hacia el peor de los mundos, gente que necesita casa, sin casas, y bancos que no necesitan casas, con casas, denunció el madatario, quien lamentó que todo el riesgo recaiga en el ser humano y no sobre el capital.