Lima. Miles de manifestantes que se oponen a proyectos mineros y energéticos en el sur del Perú tomaron un aeropuerto comercial este sábado, según las autoridades, mientras que el gobierno lucha por restablecer la calma un día después de que cinco personas murieron en enfrentamientos con la policía.

Herbert Rosas, general de la policía, dijo a Reuters que 3.000 personas habían ocupado la pista del aeropuerto de Juliaca en la región de Puno y que varios cientos de oficiales de policía se retiraron para evitar otro enfrentamiento violento.

El presidente, Alan García, cuyo mandato se ha visto afectado por conflictos por los recursos naturales que han acabado con la vida de cerca de 100 personas en los últimos tres años, dijo que la mayoría de los manifestantes indígenas estaban haciendo una demostración de fuerza para obtener cuotas de poder en el gobierno del presidente electo, Ollanta Humala, quien asumirá la presidencia el 28 de julio.

"Aquí hay oscuros intereses políticos que exigen una parte del poder", dijo García a periodistas.

"Lo que se busca es presionar al próximo gobierno del señor Ollanta Humala haciendo advertencias y demostraciones de fuerza", agregó.

Humala, un antiguo oficial del ejército cercano a la izquierda, realizó su campaña con la promesa de terminar con los conflictos que enfrentaban a localidades pobres contra empresas mineras y petroleras. Humala prometió gobernar con moderación, pero su base tradicional de apoyo está en las provincias pobres del sur de Perú.

Los manifestantes a menudo se movilizan para proteger los escasos suministros de agua, lo que consideran tierras ancestrales o protestan por la contaminación que generan las nuevas minas.

Además piden beneficios económicos directos de los proyectos mineros y petrolíferos, que han ayudado a que el país andino se convierta en uno de las economías de más rápido crecimiento del mundo, si bien un tercio de su población todavía vive en la pobreza.

Este viernes, tan sólo horas antes del mortal enfrentamiento en el aeropuerto, el gabinete de García revocó la licencia a la empresa canadiense Bear Creek, en un intento de convencer a los residentes de la zona y de acabar con las protestas que ya duran más de un mes.

El presidente ejecutivo de Bear Creek, Andrew Swarthout, dijo a Reuters que la empresa demandaría al gobierno para recobrar su concesión y analistas mineros afirman que la decisión peruana puede llevar a que las empresas extranjeras crean que los contratos no se respetan en Perú.

Cerca de 5.000 manifestantes, la mayoría de ellos pertenecientes a pueblos aymaras, han descendido a la ciudad de Puno en las últimas semanas para pedir la cancelación de las licencias para todas las empresas mineras, no sólo para el proyecto Santa Nana de Bear Creek, principalmente debido a las preocupaciones medioambientales.

Sin embargo, la revista Caretas informó esta semana que mineros ilegales interesados en la concesión de Bear Creek están protestando junto a los manifestantes.

Bear Creek, cuyas acciones cayeron durante las protestas, tenía planeado comenzar a extraer plata a partir del 2012 en Santa Ana, situada a 1.385 kilómetros de Lima.