El derrame de 200.000 litros de gasolina en el estado de Jalisco, en el oeste de México, no causó afectaciones a la flora y fauna, informó hoy la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Durante una inspección, personal de Profepa descartó afectaciones a la flora y fauna, sin embargo sí se detectaron daños a 17.344 metros cuadrados sobre el canal de riego artificia,l por tratarse de predios de cultivo agrícola.

El pasado 2 de febrero una toma clandestina de gasolina provocó el derrame de 200.000 litros de gasolina en la población de San Joaquín, municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco.

La Profepa, órgano administrativo desconcentrado del gobierno, con autonomía técnica y operativa, inició un procedimiento administrativo en contra de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), con la finalidad de realizar las gestiones y las acciones requeridas para el saneamiento y limpieza del lugar.

La inspección se realizó en el kilómetro 156 + 300, en un poliducto de 16 pulgadas de Salamanca a la ciudad de Guadalajara, donde se ubicó la emergencia y a la cual acudió personal de la Coordinación de Supervisión, Vigilancia y Asesoría de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

Personal de Pemex, de la Policía Única del estado, del 92 batallón de Infantería del Ejército Mexicano, de la Unidad de Protección Civil de Atotonilco y Seguridad Pública del municipio, en coordinación con la Profepa, revisaron el área afectada para evaluar los daños ocasionados.

Los peritos calcularon la fuga de 200.000 litros de gasolina Magna, de la cual recuperaron unos 10.000 litros, además se observó la afectación de predios de cultivo agrícola, en donde no existen cuerpos de agua cerca del sitio.

La Profepa descartó también lesionados y pérdidas humanas a causa del volumen de gasolina derramado.

Las autoridades de la Secretaría de Energía estiman que las pérdidas por robo de combustibles en 2014 superó el valor de 17.000 millones de pesos (unos US$1.141 millones), delito que se sanciona con prisión de cinco a 30 años, según el volumen de gasolina sustraído.